En la Comunidad Valenciana continúa la investigación sobre los hechos ocurridos en octubre del año pasado, cuando un fuerte fenómeno natural causó la muerte de cientos de personas. Esta vez, en el tribunal se conocieron nuevos detalles: se reveló que la advertencia sobre el peligro inminente llegó a los residentes con un retraso considerable.
Un oficial del cuerpo de bomberos, al declarar ante el tribunal, explicó que la información sobre el nivel crítico del agua en el Barranco del Poyo fue comunicada a los servicios de emergencia autonómicos ya a las 17:30. Sin embargo, la alerta masiva por teléfono móvil no se envió hasta después de las 20:00, cuando la situación ya estaba fuera de control y el número de fallecidos y desaparecidos aumentaba minuto a minuto. Según la investigación, este retraso podría haber contribuido al incremento de víctimas.
Según el responsable de guardia, los bomberos finalizaron la vigilancia del nivel del agua en el barranco aproximadamente una hora y media antes de la tragedia, siguiendo instrucciones del centro de coordinación. El personal abandonó el lugar considerando que su tarea estaba cumplida, y no recibió más indicaciones para permanecer en el puesto o continuar con la supervisión. Posteriormente se supo que la decisión de suspender la vigilancia se tomó en base a instrucciones poco claras y que no se organizó un control más detallado.
Tras la retirada de los bomberos, en poco tiempo los servicios de emergencia comenzaron a recibir decenas de llamadas de vecinos de Cheste y Chiva, donde el agua se desbordó e inundó viviendas y garajes. En el tribunal también se señaló que la víspera de la tragedia no se realizaron inspecciones adicionales del estado del barranco, y la coordinación entre los distintos servicios dejó mucho que desear. Los responsables de los servicios de emergencia y exfuncionarios encargados de la seguridad están siendo investigados por presunta negligencia que podría haber contribuido a la pérdida de vidas humanas.
En el ámbito político, la situación ha desatado una ola de indignación. Representantes de la oposición exigen explicaciones al gobierno y lo acusan de ocultar información y actuar de forma ineficaz en un momento crítico. En particular, se cuestiona por qué quienes debían vigilar las zonas peligrosas fueron enviados a casa en pleno desarrollo de la catástrofe. Por su parte, las autoridades se amparan en los protocolos existentes y aseguran haber actuado conforme a las instrucciones, pero la sociedad exige una investigación más transparente y la sanción de los responsables.
