En Valencia se ha desatado una controversia en torno a un acuerdo que podría cambiar la forma en que se asigna la vivienda subvencionada. El foco está puesto en una operación de intercambio de terrenos municipales por 39 pisos que, según se ha sabido, ya habían sido prometidos a determinadas familias antes de concluir el proceso oficial. Esta situación ha provocado una reacción intensa entre los vecinos y ha puesto en entredicho la transparencia de las decisiones del gobierno local.
Dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV-PSOE, han exigido al ayuntamiento un informe completo sobre el caso. Les preocupa saber por qué 39 familias que esperaban acceder a una vivienda han quedado en el aire. Según afirman, los documentos presentados por los afectados demuestran que los pisos fueron reservados de antemano, lo que contradice las condiciones del intercambio.
El núcleo del conflicto
Los socialistas, que representan una de las principales fuerzas de la oposición, ya han remitido el caso a la fiscalía. Según informa El País, se trata de la cesión de terrenos municipales donde podrían haberse construido más de 200 viviendas protegidas a cambio de un edificio con 39 pisos en el barrio de Patraix. Sin embargo, se ha descubierto que estos pisos ya estaban comprometidos con otras familias, a pesar de que las bases del concurso impedían tales acuerdos antes de cerrar la operación.
El portavoz socialista Borja Sanjuan destacó que los abogados deben revisar minuciosamente no solo la operación en sí, sino también la documentación presentada por las familias. Señaló que el anuncio de las autoridades locales sobre una auditoría interna no resuelve el problema si no se realiza una investigación independiente.
Reacción de la oposición
Papi Robles, representante de Compromís, afirmó que 39 familias se quedaron sin vivienda a causa de una operación dudosa que, según ella, recuerda al clásico esquema de enriquecimiento rápido en el mercado inmobiliario. Insiste en que no basta con un informe formal, sino que es imprescindible un dictamen jurídico completo para descartar intentos de ocultar posibles irregularidades.
Los socialistas aseguran que la administración municipal tenía conocimiento de los acuerdos previos entre la promotora Domio y los futuros inquilinos. A pesar de ello, la operación fue aprobada y la constructora recibió no solo los terrenos municipales, sino también una compensación de 1,5 millones de euros. Es importante destacar que el concurso de permuta exigía expresamente la inexistencia de acuerdos previos sobre estas viviendas.
Detalles de la operación
Según Borja Sanjuan, los representantes de las familias notificaron oficialmente al Ayuntamiento sobre sus derechos sobre estos pisos ya en el verano de 2024. Esto ocurrió antes de que la empresa presentara los documentos que acreditaban la ausencia de comercialización, requisito indispensable del concurso. Sin embargo, según los funcionarios, se cumplieron todos los procedimientos y la operación contó con el aval de los servicios técnicos.
Las autoridades municipales exigieron al promotor aportar pruebas adicionales de que se cumplían las condiciones del concurso. Además, los abogados del ayuntamiento preparan su propio informe sobre la legalidad de la operación. El responsable de urbanismo, Juan Giner, ya ha declarado que la operación se realizó sin irregularidades y contó con todas las autorizaciones necesarias.
Matices políticos
Durante el debate en la última sesión del pleno municipal, los socialistas señalaron que solo una empresa participó en el concurso. La segunda firma no logró presentar toda la documentación requerida. Además, según ellos, la compañía seleccionada está vinculada a un abogado que en 2023 fue nombrado para un puesto directivo en el gobierno valenciano por el Partido Popular (PP). Esto incrementó las sospechas hacia los organizadores de la operación.
Los escándalos relacionados con la adjudicación de viviendas y la actuación de los funcionarios no son infrecuentes en España. Por ejemplo, recientemente en Móstoles surgió un conflicto entre una exfuncionaria y la alcaldesa, lo que provocó divisiones internas y puso en entredicho la confianza en el gobierno local. Más detalles sobre el tema en el material sobre el conflicto interno en Móstoles.
Según informa El País, actualmente todas las partes esperan los resultados de la investigación y el futuro de 39 familias sigue siendo incierto. La cuestión de la transparencia y la equidad en la adjudicación de viviendas vuelve a estar entre las más controvertidas en Valencia.
En los últimos años, en España se han incrementado los casos en los que las operaciones con bienes inmuebles municipales generan una fuerte reacción pública. En 2025, en Sevilla se debatió una situación similar, cuando parte de los pisos se adjudicó antes de finalizar los procedimientos oficiales. En Madrid, en 2024, también surgieron dudas sobre la transparencia de los concursos para la construcción de viviendas sociales. Estas situaciones evidencian que el control sobre este tipo de operaciones cobra cada vez mayor relevancia para la sociedad y exige una atención constante.
