En abril de 2019 surgió un conflicto en el Ministerio de Transportes de España que ahora se ha convertido en un episodio clave de una amplia investigación. En aquel entonces, el ministro y su asesor debatían cómo acelerar el lanzamiento de un gran proyecto de infraestructuras en Sevilla: la renovación integral del puente V Centenario. El foco recaía en un exfuncionario del partido que, según la investigación, impulsó activamente la adjudicación rápida del contrato.
El coste de las obras al momento de firmar el contrato en 2021 era de 71 millones de euros, pero en solo dos años la cifra ascendió a 102 millones. Las autoridades no solo se centraron en este fuerte encarecimiento, sino también en las circunstancias en las que tres grandes compañías —Acciona, Freyssinet y Tecade— lograron el contrato. Recientemente, agentes de la unidad especial registraron las oficinas de estas empresas así como la vivienda de un exdirectivo de una de ellas.
Sospechas y nuevos datos
Las dudas sobre la transparencia del concurso no son recientes. Ya en el verano del año pasado los investigadores detectaron mensajes sospechosos entre los implicados, además de grabaciones de audio donde se discutían detalles sobre la distribución de fondos. En el sumario también aparece un exdirector del área de infraestructura viaria, que actualmente está siendo investigado por varios episodios relacionados con esquemas similares.
Según la investigación, algunos implicados en la trama esperaban recibir cientos de miles de euros por promover los intereses de determinadas empresas y agilizar ciertos trámites. Sin embargo, no se cumplieron todos los acuerdos, lo que provocó nuevos enfrentamientos entre los implicados. Uno de los sospechosos justificó sus acciones señalando que quería apoyar al candidato a la alcaldía de Sevilla antes de las elecciones municipales.
Arrestos y próximos pasos
En los últimos meses, la investigación ha entrado en una nueva fase. Los investigadores examinan la situación financiera de un exdirigente del partido, detenido desde el verano. El tribunal considera que su liberación podría suponer la destrucción de pruebas clave, por lo que ha prorrogado su prisión preventiva hasta final de año. Sin embargo, según los expertos, podría ser puesto en libertad próximamente, ya que el riesgo de desaparición de pruebas ha disminuido.
Las acusaciones incluyen soborno, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. La investigación considera que este individuo coordinaba la recepción y distribución de pagos ilegales entre los implicados. Según los investigadores, el dinero provenía de empresas adjudicatarias de concursos públicos y posteriormente era distribuido entre otros implicados en el caso.
Posibles consecuencias
El escándalo en torno a la reconstrucción del puente en Sevilla podría provocar importantes cambios en los cargos y un endurecimiento del control sobre las contrataciones públicas. La investigación sigue analizando documentos y comunicaciones para identificar a todos los implicados y determinar la cantidad de fondos recibidos. Se espera que en los próximos meses surjan nuevos detalles que podrían cambiar el rumbo del caso e influir en la situación política de la región.
