
La Fiscalía de Murcia ha iniciado la investigación de dos casos relacionados con la difusión de mensajes que podrían haber provocado una ola de violencia xenófoba en Torre Pacheco el verano pasado. La atención de los investigadores se centra en publicaciones y declaraciones aparecidas tanto en medios tradicionales como en redes sociales, donde la inmigración se vinculaba directamente con la criminalidad y una supuesta amenaza para los habitantes locales.
La primera investigación atañe a unas declaraciones del líder regional del partido Vox en Murcia, realizadas pocos días antes del inicio de los disturbios. En ellas, la inmigración ilegal era responsabilizada por el aumento de la violencia y los delitos contra diferentes colectivos. El segundo caso está relacionado con publicaciones en redes sociales, en las que varios usuarios conocidos, entre ellos miembros de movimientos políticos y activistas, difundieron mensajes que, según los denunciantes, podían incitar a la agresión y alimentar una imagen negativa de los migrantes.
Entre las personas investigadas figuran un especialista en marketing digital de uno de los partidos, el propietario de una empresa dedicada a desalojos y un activista vinculado a movimientos de ultraderecha. La investigación analiza si sus acciones estaban coordinadas y si existía un plan común para fomentar el odio. Se presta especial atención a los casos en los que las publicaciones contenían información falsa, así como llamados a crear patrullas y a organizar la resistencia contra los migrantes.
La Fiscalía también estudia la posibilidad de abrir otra causa contra el líder de Vox, quien en sus declaraciones públicas habló de una “invasión migratoria masiva” y vinculó delitos recientes con la presencia de extranjeros. Sin embargo, dado su estatus de diputado, será la Fiscalía del Tribunal Supremo quien decida si inicia la investigación.
Todas estas diligencias comenzaron tras denuncias de varios partidos políticos, entre ellos PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Actualmente, las investigaciones se encuentran en una fase inicial y la Fiscalía debe decidir si existen motivos para llevar los casos ante el juez o si las acciones de los implicados se enmarcan en la libertad de expresión.
En una de las causas, la Fiscalía ha encargado a la Guardia Civil un informe sobre una posible coordinación entre los sospechosos y otros autores de publicaciones racistas en redes sociales. Si se detecta conexión entre ellos, la investigación seguirá en un único procedimiento. En caso contrario, los materiales se remitirán a las fiscalías territoriales correspondientes.
A principios de julio, en Mataró (provincia de Barcelona), fue detenido el creador de una plataforma ultraderechista que, a través de sus cuentas en redes sociales, incitaba a la violencia contra personas originarias de Marruecos residentes en Torre-Pacheco. El juez ordenó su ingreso en prisión preventiva al considerar que sus publicaciones podían provocar disturbios masivos y una amenaza al orden público por motivos de odio racial.
La fiscalía enfatiza que las investigaciones continúan y que las decisiones finales se tomarán tras analizar todas las circunstancias y evaluar una posible infracción de la ley sobre incitación al odio.












