
En España estalla un nuevo escándalo vinculado a la catástrofe ferroviaria en Adamuz, que costó la vida a 45 personas. Los sindicatos ferroviarios acusan al ministro de Transportes, Óscar Puente, de ignorar por completo las numerosas advertencias sobre fallos críticos en la infraestructura y en los sistemas de seguridad. Meses antes de la tragedia, representantes sindicales intentaron sin éxito reunirse con el ministro para abordar la preocupante situación en la línea de trenes de alta velocidad.
En septiembre, el sindicato ferroviario CGT envió una carta oficial al ministro exigiendo tratar con urgencia los problemas de mantenimiento técnico y prevención de accidentes. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta. Pese a las inversiones multimillonarias en rutas de alta velocidad, los trabajadores del sector aseguran que los sistemas de señalización y telecomunicaciones están obsoletos y que el mantenimiento regular prácticamente no existe. Según ellos, esto fue una de las causas de la tragedia.
Fallos críticos
En la carta enviada el 26 de septiembre, el sindicato CGT detalló fallos peligrosos: ausencia de mantenimiento preventivo, equipamiento desgastado, averías en los sistemas de señalización y en los sistemas informáticos. Según los ferroviarios, todo ello representaba una amenaza directa para la seguridad de los pasajeros y la regularidad de los trenes. Además, señalan que la empresa pública Adif ha recibido en los últimos años grandes sumas del presupuesto, pero la mayor parte del dinero se destinó a nuevos proyectos en lugar de mantener la infraestructura existente.
Los sindicatos critican duramente la apuesta por la liberalización y la externalización masiva de servicios. Según su opinión, esto ha provocado que tareas clave de mantenimiento y reparación queden en manos de contratistas externos, con una consecuente reducción del control de calidad. En 2024, según la comisión de investigación de accidentes, en las vías férreas del país se registraron 81 incidentes, incluidos 20 descarrilamientos y 21 sucesos en pasos a nivel.
Señales de alarma
Durante el verano, los maquinistas informaron en varias ocasiones sobre problemas graves en la línea Madrid–Sevilla. En el tramo recién renovado persistían los llamados ‘enganches’ de la catenaria, que provocaban alteraciones en el servicio. El personal de los coches restaurante denunció lesiones ocasionadas por fuertes vibraciones debidas a fallos técnicos. La empresa Adif reconoció dos accidentes importantes en la zona de La Sagra: uno relacionado con cortes de tensión en la catenaria, y otro por el fallo del sistema LZB, que ocasionó retrasos en los trenes.
En agosto, el sindicato Semaf remitió una carta a la agencia estatal de seguridad ferroviaria advirtiendo del deterioro de las vías a causa del desgaste del material rodante. Los ferroviarios exigieron reducir la velocidad máxima a 250 km/h para evitar nuevos accidentes. A su juicio, el aumento del número de trenes y la mayor carga sobre las vías solo han agravado la situación.
Respuesta del ministro
La falta de atención a estas señales de alerta por parte del ministro Puente ha generado una ola de indignación entre los trabajadores del sector. Como respuesta a la inacción de los funcionarios, los maquinistas han anunciado una huelga general que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero. En una entrevista reciente, el ministro afirmó que todas las solicitudes se revisan, pero, según él, la mayoría de las quejas tienen que ver con la comodidad de los pasajeros y no con la seguridad. Esta declaración solo ha incrementado el descontento en el ámbito ferroviario.
La tensión en torno a los ferrocarriles de España sigue en aumento. Los sindicatos exigen cambios inmediatos y responsabilidad directa por parte del ministro, mientras la sociedad observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Se avecinan nuevas protestas y, posiblemente, giros inesperados en esta historia.












