
En España continúa una larga batalla por la recuperación de la propiedad: la empresa Sareb, responsable de gestionar los activos bancarios tras la crisis financiera, aún no logra resolver el problema de los pisos ocupados. Hasta el otoño de 2024, la organización mantiene casi 3.300 procesos judiciales para intentar recuperar el control de viviendas ocupadas sin base legal. En los últimos dos años, el número de casos similares apenas ha disminuido, lo que refleja la complejidad y duración del proceso.
Movimiento constante: problemas nuevos y persistentes
El parque residencial de Sareb está en constante cambio: algunos pisos se desocupan, mientras que otros vuelven a ser ocupados. Esto genera un círculo vicioso en el que la empresa se ve obligada a desalojar a unos inquilinos y, al mismo tiempo, iniciar nuevos procesos contra otros. Esta dinámica impacta negativamente en la situación financiera de Sareb, ya que cada nueva demanda implica tiempo, recursos y dinero.
En septiembre de 2023, la compañía tenía en propiedad unos 3.600 inmuebles ocupados por familias que no cumplen los requisitos para obtener vivienda social o que no desean regularizar su situación. Esto significa que una parte significativa del parque residencial no genera ingresos, sino que requiere gastos adicionales en impuestos, suministros y mantenimiento.
Pérdidas financieras y depreciación de activos
La situación con los pisos ocupados genera pérdidas significativas. Cuando Sareb recupera estas viviendas, a menudo se encuentra con que están en condiciones lamentables: muchas requieren una reforma integral y su valor en el mercado cae entre un 65% y un 70% en comparación con inmuebles similares en estado libre. Esto impacta negativamente en el balance de la compañía y reduce la rentabilidad de su cartera para los inversores.
Además, Sareb se ve obligada a asumir todos los pagos obligatorios de estos pisos, a pesar de no obtener ningún ingreso. Como resultado, cada nueva ocupación no solo representa un desafío legal, sino también un problema económico que agrava la situación de la empresa.
Programas sociales y alquiler: un intento de cambiar el equilibrio
Ante estas dificultades, Sareb está impulsando activamente programas de vivienda social. Ya informamos sobre esto anteriormente. Para 2025, la compañía ha destinado más de 11.500 viviendas para personas necesitadas, lo que ha permitido alojar a unas 35.000 personas. Esta cifra incluye inmuebles cedidos a administraciones estatales y municipales, así como pisos ofrecidos a damnificados por catástrofes, como ocurrió tras la riada en Valencia.
La mayor parte del fondo está dedicada al programa de alquiler con apoyo e integración laboral. En dos años, el número de viviendas de este tipo casi se ha duplicado: de 6.000 a 9.800. Sin embargo, incluso así, por cada tres viviendas sociales hay una ocupada ilegalmente, lo que resalta la magnitud del problema.
Retos y perspectivas: el futuro del mercado inmobiliario
El problema de las viviendas ocupadas sigue siendo uno de los más graves en el mercado inmobiliario español. A pesar de los esfuerzos por ampliar la oferta de vivienda social, Sareb no ha logrado revertir completamente la situación. Los procesos judiciales se dilatan y aparecen nuevos casos de ocupación de manera regular. Esto ejerce una presión adicional sobre el mercado e impide un uso eficiente del parque residencial.
En los próximos años, la empresa tiene previsto continuar trabajando en la recuperación de propiedades y aumentar el número de pisos destinados al alquiler social. Sin embargo, los expertos advierten que, sin cambios legislativos y medidas más estrictas para prevenir las ocupaciones, el problema difícilmente se solucionará a corto plazo.
Como ya informó RUSSPAIN
La empresa Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) fue creada en 2012 como una herramienta para gestionar los activos problemáticos de los bancos españoles afectados por la crisis financiera. Su principal objetivo es la adquisición y posterior venta de inmuebles y créditos que quedaron en los balances de los bancos tras la ola de quiebras. Desde su fundación, Sareb ha sido criticada en varias ocasiones por la lentitud de su trabajo y las complicadas relaciones con los inquilinos. En 2022, el control de la compañía pasó al Fondo estatal de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que permitió impulsar con mayor fuerza los programas sociales. Sin embargo, Sareb sigue siendo objeto de atención constante por parte de la sociedad y las autoridades, y su actividad genera debates recurrentes entre expertos del sector inmobiliario. En los últimos años, la empresa apuesta por la cooperación con los ayuntamientos y por ampliar el número de viviendas destinadas al alquiler social, aunque el problema de la ocupación ilegal sigue siendo uno de los más graves para todo el sistema.











