
El máximo órgano del poder judicial de España (Consejo General del Poder Judicial, CGPJ) ha respaldado por unanimidad la candidatura de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Esta decisión se ha tomado después de que Álvaro García Ortiz se viera obligado a abandonar el cargo tras ser inhabilitado durante dos años por una sentencia relacionada con la filtración de datos confidenciales del empresario Alberto González Amador. Ahora, Peramato deberá comparecer ante la comisión parlamentaria, mientras que el Gobierno planea agilizar su nombramiento para evitar un periodo de incertidumbre en la Fiscalía.
Peramato cuenta con una dilatada trayectoria profesional —más de 35 años en el ámbito jurídico, superando ampliamente los requisitos mínimos para el puesto. Desde 2021 ha liderado la sección contra la violencia de género y hasta hace poco dirigía la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Su experiencia y reputación han recibido el reconocimiento unánime de todas las asociaciones profesionales de fiscales, un hecho poco común en el contexto de los recientes escándalos que rodearon al anterior titular del cargo.
De acuerdo con el procedimiento establecido, tras la aprobación del CGPJ, la candidatura de Peramato será presentada ante el Congreso de los Diputados, donde comparecerá ante la comisión de justicia. Se espera que el Gobierno no demore los trámites para garantizar una transición fluida de poderes y evitar un vacío temporal en la dirección de la Fiscalía. La toma de posesión oficial tendrá lugar tras la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El nombramiento de Peramato se produce en un contexto de creciente demanda de transparencia y profesionalidad en el sistema judicial de España. Su carrera comenzó mucho antes de los acontecimientos actuales y, a lo largo de décadas de trabajo, ha forjado una reputación de jurista íntegra y experimentada. En 2021, Peramato se convirtió en la primera mujer en liderar la Fiscalía especializada en violencia de género y, posteriormente, ocupó un cargo clave en la sección penal del Tribunal Supremo. Sus colegas destacan su profundo conocimiento de la legislación y su capacidad para desenvolverse en situaciones complejas.
En el ámbito profesional se destaca que un apoyo tan unánime a la candidatura del nuevo fiscal general es algo extremadamente inusual. Normalmente, el proceso de nombramiento está marcado por debates y desacuerdos entre las distintas asociaciones de fiscales, pero en esta ocasión todas ellas han reconocido los méritos y la competencia de Peramato. Esto cobra especial relevancia tras los recientes acontecimientos relacionados con la dimisión de García Ortiz, quien dejó el cargo tras la sentencia judicial que decretó su inhabilitación.
En los próximos días, Teresa Peramato deberá someterse al proceso de aprobación parlamentaria, tras lo cual podrá asumir oficialmente sus funciones. El Gobierno confía en que el cambio de liderazgo se lleve a cabo de manera ágil y sin dificultades para el sistema judicial. Se espera que la nueva fiscal general continúe impulsando la eficiencia y la transparencia en la labor del Ministerio Público, así como el fortalecimiento de la confianza de la sociedad en las instituciones judiciales del país.












