La noche del 29 de octubre de 2024, la provincia española de Valencia fue escenario de una catástrofe que conmocionó a todo el país. Una fuerte tormenta se abatió sobre la región, provocando una rápida crecida de los ríos y arroyos. En cuestión de horas, decenas de localidades quedaron incomunicadas y cientos de residentes atrapados por la fuerza de la naturaleza.
En Chiva, una pequeña localidad cerca de Valencia, la familia Mora se vio en el epicentro del desastre. El agua inundó rápidamente su vivienda y los intentos de contactar con los servicios de emergencia resultaron inútiles. Faltaban aún varias horas para que las autoridades emitieran una alerta general de emergencia. Para entonces, muchos ya no podían salir por sus propios medios. Solo la madre logró sobrevivir; los demás miembros de la familia murieron esperando ayuda.
A medida que las inundaciones se extendían, continuaban llegando noticias trágicas desde distintas partes de la región. La situación más grave se vivió en la zona de Barranco del Poyo, donde el agua se desbordó e inundó barrios enteros. Las personas intentaban ponerse a salvo en los tejados, en los coches, algunos — simplemente en brazos de sus seres queridos. Sin embargo, la rapidez con la que subía el agua no dejó oportunidades de sobrevivir a muchos de ellos.
Para cuando los residentes recibieron la alerta oficial del gobierno en sus teléfonos móviles, el número de víctimas mortales ya superaba el centenar. Decenas de personas seguían en estado crítico. Familiares de las víctimas y sobrevivientes aún se preguntan: ¿se podría haber evitado una tragedia de tal magnitud si la advertencia hubiese llegado antes?
Las autoridades regionales y los servicios de emergencia se enfrentaron a un desafío sin precedentes. En medio del caos y con carreteras destruidas, fue imposible llegar a tiempo a muchos de los afectados. Durante varios días después de la catástrofe, continuaron las búsquedas de desaparecidos y las listas de fallecidos crecían constantemente con nuevos nombres.
Esta tragedia ha sido la más grave de las últimas décadas en España. Ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de la infraestructura y las deficiencias en el sistema de alertas a la población. Las familias de las víctimas exigen respuestas y la revisión de los protocolos de emergencia para evitar que algo así vuelva a ocurrir.
