El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado de forma definitiva la inhabilitación durante siete años para el exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, y el exresponsable de Medio Ambiente, Manuel Jordán Rodríguez. Ambos ocupaban cargos en el Ayuntamiento representando al Partido Popular y ahora quedan apartados de la función pública por irregularidades administrativas en la contratación de servicios.
El tribunal no encontró motivos para aceptar los recursos presentados por los condenados. La sentencia anterior, que no solo les inhabilita para ejercer cargos públicos, sino que también les obliga a asumir las costas del proceso judicial, se mantiene sin cambios.
Según la documentación del caso, en 2014 Manuel Jordán, entonces responsable de Medio Ambiente, encargó a la empresa privada Laca2 Metálicos Hercevi, SL la realización de trabajos de reparación relacionados con vallas para las fiestas tradicionales del municipio. Las obras se completaron, pero el contrato con la empresa se firmó directamente, sin los procedimientos obligatorios ni la documentación requerida, lo que contraviene las normas establecidas por el ayuntamiento.
Baltasar Santos, quien en aquel momento era el alcalde, firmó las órdenes necesarias y autorizó los pagos a pesar de las advertencias oficiales de los servicios financieros y jurídicos del ayuntamiento. La cantidad abonada a la empresa superó los 105.000 euros. Los jueces concluyeron que Santos, contando con toda la información sobre las irregularidades, no tomó ninguna medida para evitarlas, aunque tenía la obligación de detener los pagos e iniciar el procedimiento adecuado.
El tribunal rechazó los argumentos de la defensa, que alegaba que las acciones de los funcionarios no fueron deliberadas. Se estableció que ambos condenados eran plenamente conscientes de la ilegalidad de sus actos. En particular, Manuel Jordán reconoció durante la audiencia que actuó por iniciativa propia, sin informes técnicos, sin presupuesto aprobado ni contrato formalizado.
La sentencia judicial subraya que no se trata de simples errores formales, sino de una violación consciente de los principios de legalidad y transparencia en la gestión municipal. El caso ha tenido gran repercusión en la región y se ha convertido en otro ejemplo de la lucha contra la corrupción a nivel local.
