Carles Puigdemont podría volver a España sin una detención inmediata. El Supremo dejó sin efecto la orden nacional, según el material disponible, pero la aplicación de la amnistía y el levantamiento formal de las órdenes aún deben confirmarse con documentos oficiales.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto la orden nacional de busca, captura y detención contra Carles Puigdemont. La medida también afecta a Antoni Comín y Lluís Puig. Los tres podrían volver a España sin entrar de forma clandestina.
Falta una confirmación documental. En los resultados disponibles no aparece un documento oficial del Consejo General del Poder Judicial que permita comprobar por separado el levantamiento de las órdenes.
Ese es el punto.
Si el decreto de disolución de las Cortes se publicó el 6 de octubre, la votación del 29 de noviembre respeta el plazo electoral de 54 días previsto por la legislación española.
La decisión llegó pocos minutos después de que el Tribunal Constitucional amparara a Dolors Bassa. El tribunal ordenó al Supremo reconocer la amnistía del delito de malversación por el que fue condenada.
El fallo no elimina automáticamente la causa de Puigdemont. Él no fue juzgado porque abandonó España en 2017. Aun así, la resolución fija el criterio que Llarena deberá aplicar a su situación procesal.
La cuestión jurídica central no es solo la existencia de la Ley de Amnistía. También importa cómo se aplica a cada acusado y a cada delito.
Si el levantamiento se confirma, Puigdemont podrá estar en España durante la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. También podría presentarse. Ya podía concurrir a unos comicios estando procesado, como hizo en las elecciones catalanas de 2024.
Lo que cambiaría sería su actividad política dentro del país. Hasta ahora, la orden de detención le impedía desarrollarla de forma visible.
La campaña ya está en marcha.
Pedro Sánchez convocó las elecciones después de que Junts rechazara los votos necesarios para convalidar los decretos del Gobierno sobre vivienda. El Partido Popular y Vox tampoco respaldaron esas medidas.
El fracaso de los decretos de vivienda no se debió únicamente a Junts: tampoco los respaldaron el Partido Popular y Vox. El episodio evidenció que el Gobierno de Pedro Sánchez carece de una mayoría parlamentaria estable y convierte a Junts y al posible regreso de Puigdemont en asuntos centrales de la campaña.
El fracaso mostró que el Ejecutivo no tiene una mayoría parlamentaria estable. También puso fin a una legislatura nacida del acuerdo con Junts y de la aprobación de la ley de amnistía.
El decreto de disolución, si fue publicado el 6 de octubre, encaja con la votación del 29 de noviembre. Entre ambos actos transcurren los 54 días que fija la legislación electoral española. El calendario fue recogido por El País y ABC.
Para Junts, el cambio es directo. La formación de Carles Puigdemont pasó de sostener parte de la agenda del Gobierno a contribuir al fracaso de una de sus medidas prioritarias.
Tras el Consejo de Ministros, Sánchez dijo que la amnistía fue concebida para resolver un conflicto de convivencia. También afirmó que no buscaba beneficiar a un partido concreto. El presidente descartó reunirse con Puigdemont si el expresidente regresa.
En Valencia, la candidatura del PP seguía sin confirmarse. Un informe anterior recogió esa incertidumbre política.
El Tribunal Constitucional cuestionó la interpretación usada por el Supremo para excluir la malversación de la amnistía. La Sala de lo Penal había sostenido que los dirigentes del procés obtuvieron un beneficio personal al usar fondos públicos en gastos que, sin esa actuación, habrían pagado ellos mismos.
La Sala también había advertido de una posible afectación de los intereses financieros de la Unión Europea. Aun así, la existencia y el alcance exacto de una resolución constitucional sobre Dolors Bassa deben comprobarse en el texto oficial del tribunal.
La ponencia redactada por Cándido Conde-Pumpido rechaza los dos argumentos. Considera que el Supremo hizo una lectura extensiva y contraria a la finalidad de la norma.
Por esa razón, ordena anular las resoluciones impugnadas y retrotraer las actuaciones. También dispone que la malversación sea declarada amnistiada con carácter preferente y urgente. Esta descripción procede del relato de la resolución incluido en el material de partida. Todavía necesita contraste con la sentencia oficial del Tribunal Constitucional.
El caso de Jordi Turull sigue un camino más complejo. Su ponente, José María Macías, presentó primero un proyecto contrario al amparo. La mayoría de siete magistrados frente a cinco lo rechazó.
Después, Macías redactó una propuesta favorable a Turull. Retiró el texto antes de la votación porque la mayoría pidió una censura más firme al Supremo y una redacción más cercana a la sentencia de Bassa.
El resultado central no cambia.
La resolución de Bassa puede fijar la doctrina que el Supremo aplique al resto de condenados del procés. Entre ellos están Oriol Junqueras, Turull, Bassa y Raül Romeva.
Puigdemont, Comín y Puig están procesados, pero no fueron juzgados. Para ellos, el efecto práctico podría ser el levantamiento de las órdenes de detención. Eso no puede darse por confirmado sin el auto o la resolución oficial de Pablo Llarena.
Llarena podrá actuar cuando reciba formalmente la sentencia. También puede abrir antes un trámite de alegaciones para las partes.
La primera opción resolvería la situación en cuestión de horas. La segunda podría alargarla algunos días. El calendario solo podrá fijarse con seguridad cuando se publiquen las resoluciones.
El Tribunal Constitucional ha trasladado el centro de la disputa al modo en que el Supremo aplicará su doctrina. La amnistía existe, pero su efecto sobre cada acusado todavía depende de los documentos oficiales.
Desde octubre de 2017, Puigdemont no ha tenido una vía judicial abierta para volver y permanecer en España. Esa posibilidad podría aparecer ahora, si se confirma formalmente la situación descrita.
Su regreso también podría influir en la estrategia electoral de Junts. Medios españoles lo vinculan con un intento de movilizar a sus seguidores ante el deterioro de las perspectivas políticas de la formación.
La decisión convertiría la amnistía en una medida operativa para los principales implicados del procés. El efecto definitivo sobre Puigdemont, Comín y Puig sigue pendiente de los documentos del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
