Vox denuncia que el Gobierno ha vuelto a aprobar dos decretos de vivienda rechazados por el Congreso. Pepa Millán acusa a Pedro Sánchez de retorcer las reglas parlamentarias para llevar los textos a la Diputación Permanente.
El 2 de octubre, el pleno del Congreso rechazó los dos decretos de vivienda. Ahora el Gobierno los ha vuelto a aprobar para llevarlos a la Diputación Permanente de la cámara.
Vox ve en esa decisión el comienzo de otro conflicto institucional. Pepa Millán, portavoz del partido en el Congreso, acusó al presidente Pedro Sánchez de buscar una salida reglamentaria después de la votación.
Millán habló este martes en una rueda de prensa celebrada en el Congreso. Allí calificó la decisión de «cacicada».
El primer decreto fue rechazado por 178 votos frente a 172, mientras que el segundo cayó por 184 votos frente a 166. El segundo texto llegó a estar vigente alrededor de 16 horas antes de ser oficialmente anulado tras la votación del Congreso.
El problema está en el nuevo recorrido de los textos. El pleno ya había expresado su rechazo dentro de sus competencias. El Ejecutivo ha decidido aprobar otra vez los decretos y trasladarlos a la Diputación Permanente.
Ahí está el conflicto.
Vox sostiene que el Gobierno no acepta el resultado de la votación. Según el partido, intenta mantener vivos los decretos mediante otra instancia parlamentaria.
Millán afirmó que Sánchez está «retorciendo el Reglamento y las leyes» para sacar adelante la operación. La información disponible no aporta nuevos detalles sobre el contenido de las medidas ni sobre su aplicación práctica.
La posición de Junts fue decisiva para el rechazo: sus siete diputados se sumaron a la mayoría contraria a los decretos. Según la reconstrucción de La Voz de Galicia, la alianza de PP, Vox, Junts y UPN reunió los 178 votos necesarios contra el primer paquete.
El dato político es claro por ahora: dos decretos rechazados por el pleno vuelven al circuito institucional por decisión del Gobierno. La Diputación Permanente será el siguiente escenario de una disputa que comenzó con la votación del 2 de octubre.
Los textos no se limitaban a regular los alquileres. El primer decreto incluía la prórroga de contratos, límites al crecimiento de las rentas, restricciones a la compra de viviendas por parte de fondos de inversión y estímulos fiscales para propietarios e inquilinos. La información fue publicada por La Moncloa y recogida por la prensa parlamentaria.
El material disponible tampoco dice que los decretos hayan quedado aprobados de forma definitiva. No describe cambios inmediatos para propietarios, inquilinos o compradores de vivienda.
Presentar el paso a la Diputación Permanente como una entrada en vigor sería confundir una nueva iniciativa del Ejecutivo con una decisión final.
La Diputación Permanente asume las funciones parlamentarias cuando el Congreso está disuelto o ha terminado su actividad ordinaria. También puede pronunciarse sobre la convalidación o derogación de los decretos.
Por eso, la nueva aprobación del Consejo de Ministros no sustituye la decisión que todavía debe adoptar ese órgano. Así lo han explicado fuentes parlamentarias citadas por EFE.
El episodio coincide con el anuncio de Pedro Sánchez de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre de 2026. Ese calendario explica que el Gobierno recurra a la Diputación Permanente como siguiente escenario institucional, en lugar de esperar a una nueva votación del pleno.
La acusación de Vox se apoya en una decisión concreta: rehacer la aprobación de los decretos después del rechazo del Congreso. La información aportada no recoge otras reacciones parlamentarias que permitan medir el respaldo o la oposición a la maniobra.
PP, Vox y Junts votaron contra ambos textos. UPN se opuso al primero y PNV al segundo.
La controversia sobre el procedimiento no debe mezclarse con otros asuntos de seguridad tratados en un informe anterior. La noticia actual se limita al recorrido de las medidas de vivienda y a la crítica de Vox.
El punto central es la colisión entre el rechazo del pleno y el intento del Gobierno de llevar los mismos decretos a la Diputación Permanente. Con los datos disponibles, no se trata de una reforma de vivienda ya consolidada, sino de una nueva maniobra parlamentaria denunciada por Vox.
La responsabilidad política queda ahora ligada a una pregunta concreta: por qué el Ejecutivo considera posible reabrir el trámite después de la votación. También debe aclarar qué alcance real tendrán los decretos si avanzan.
