Tras largas y tensas negociaciones, el Ministerio de Función Pública de España y los sindicatos han llegado finalmente a un acuerdo sobre los salarios de más de 3,5 millones de empleados públicos. Este pacto pone fin al periodo de “congelación” salarial que se mantenía desde 2024 y allana el camino para un aumento gradual de los sueldos del 11% hasta 2028. Los primeros cambios los notarán los trabajadores del sector público ya en la nómina de diciembre, cuando recibirán un incremento retroactivo del 2,5%, correspondiente a todo el año 2025.
El plan para los años siguientes también es alentador. En 2026, los salarios aumentarán un 4%, aunque este porcentaje podría subir al 4,5% si el índice anual de precios al consumo alcanza o supera el 1,5%. Sin embargo, ese medio punto extra se aplicará con efecto retroactivo solo en el primer trimestre de 2027. Para 2027, año además electoral, se prevé el mayor incremento: un 4,5%. El broche final llegará en enero de 2028, cuando los salarios subirán otro 2%. Aunque la subida pactada para el periodo 2025-2028 es del 11%, los sindicatos calculan que, teniendo en cuenta el efecto acumulativo de las actualizaciones anuales, el incremento real de los ingresos podría alcanzar el 11,5% en estos cuatro años.
No solo dinero: nuevas condiciones laborales
Además del incremento directo en los salarios, el acuerdo contempla una serie de mejoras significativas en las condiciones laborales del personal público, según informó el Sindicato Independiente de Funcionarios (CSIF). Uno de los puntos clave es la eliminación del actual coeficiente de reposición de personal. Esta medida tiene como objetivo reforzar las plantillas en los sectores más necesitados y reducir la contratación temporal, proporcionando así una mayor estabilidad en el empleo.
Asimismo, se reducirán los plazos de los procesos de selección para los puestos públicos, de manera que las resoluciones sobre las candidaturas se adopten en un máximo de un año. El acuerdo también amplía y mejora las oportunidades de promoción interna y movilidad entre departamentos para los empleados. Está prevista una profunda adaptación de la clasificación de puestos, ajustándola a las funciones reales desempeñadas, valorando la experiencia y la cualificación requerida. Se lanzarán procesos exclusivos de promoción interna y se fomentarán los concursos de méritos.
A lo largo de 2026 se revisarán y aumentarán los complementos de residencia en determinadas regiones e islas, así como las compensaciones por desplazamientos de trabajo, para corregir las desigualdades existentes. Se pondrá especial atención en reforzar la plantilla dedicada a la atención ciudadana, acompañando este fortalecimiento con un incremento salarial. También se actualizarán las normas de concesión de vacaciones y se introducirán mejoras orientadas a facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal. El paquete de medidas contempla además el refuerzo de garantías de igualdad y no discriminación, la lucha contra el acoso sexual y la violencia, así como la mejora de la salud laboral, incluyendo el apoyo psicológico.
Brecha salarial: sector público frente al privado
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una situación llamativa. En 2024, el salario bruto medio de casi 15 millones de trabajadores del sector privado fue de 2.182 euros mensuales. Esta cifra es 1.052 euros menor que la de sus homólogos del sector público, cuyo ingreso medio alcanzó los 3.232 euros. Solo por segunda vez desde que existen estos registros, a partir de 2006, la diferencia ha superado los mil euros.
Esta notable brecha se explica en parte por las características estructurales del mercado laboral. El sector público emplea a muchas menos personas que el privado, pero su nivel medio de cualificación —y, por tanto, de retribución— es más alto. Un número reducido de empleados con un salario medio superior genera este abismo estadístico entre ambos sectores de la economía.
Reacción de las partes al acuerdo
Representantes de los sindicatos y del gobierno valoraron positivamente los acuerdos alcanzados. “CSIF firma este acuerdo por responsabilidad y por compromiso con los intereses de los empleados públicos. Hemos logrado el mejor resultado posible, teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el país, la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las restricciones económicas impuestas por la Unión Europea y la OTAN debido al gasto en defensa”, destacó el líder sindical Miguel Borra.
La secretaria general del sindicato UGT, Isabel Araque, calificó el pacto como “un acuerdo magnífico” del que “no solo se benefician los empleados públicos”. En su opinión, “mejora la calidad de los servicios públicos, se benefician los ciudadanos y gana el país en su conjunto”. Desde el ministerio que dirige Óscar López también subrayaron que este acuerdo supone “un gran avance para los empleados públicos y garantiza su poder adquisitivo hasta 2028”.
Cabe destacar que el sector público en España es un sistema vasto y complejo que abarca no solo a los funcionarios del gobierno central, sino también a los empleados de las administraciones regionales (comunidades autónomas) y de los municipios. El estatus de “funcionario” ha sido históricamente muy prestigioso y codiciado en el país por su garantía de empleo vitalicio y estabilidad. Para muchos españoles, obtener este puesto es el principal objetivo profesional. Además del salario, los empleados públicos tienen acceso a un sistema especial de seguro médico conocido como MUFACE, diferente al sistema general de la Seguridad Social y que ofrece una mayor variedad de médicos y clínicas. Por eso, cualquier cambio en sus remuneraciones o condiciones laborales genera un gran impacto en la sociedad.
