
Inicio del programa y su alcance
En 2023, las autoridades españolas anunciaron el lanzamiento de una nueva iniciativa destinada a apoyar a los ciudadanos en la compra de su primera vivienda. Se trata de garantías estatales que cubren hasta el 20% del importe de la hipoteca. Para la implementación de este proyecto se destinaron 2.500 millones de euros, y su principal objetivo fue facilitar el acceso a la vivienda propia para jóvenes y familias con hijos.
Ejecución y estadísticas tras un año
Sin embargo, un año después de la apertura del proceso de solicitudes, los resultados están lejos de lo esperado. En este periodo, los bancos firmaron solo 7.887 contratos hipotecarios con el uso de garantías estatales. Esto representa apenas el 7,8% del volumen total de fondos previsto para el programa. A pesar del considerable presupuesto, la demanda de este tipo de ayuda resultó ser muy baja.
Causas de la baja demanda
Los expertos atribuyen el fracaso del programa a varios factores. En primer lugar, los requisitos para obtener la garantía son bastante estrictos. Solo pueden solicitarla los ciudadanos menores de 35 años o las familias con hijos menores de edad, siempre que los ingresos anuales no superen los 37.800 euros por persona. Si la vivienda se compra entre varias personas, el límite se duplica, pero la renta total conjunta no debe superar el umbral establecido.
En segundo lugar, la obtención de la garantía conlleva un complejo procedimiento burocrático. Primero es necesario firmar el contrato hipotecario y solo después presentar la solicitud para el apoyo estatal. Como resultado, los bancos se ven obligados a asumir todos los riesgos hasta que se apruebe la garantía, lo que reduce su interés en este tipo de operaciones.
Reacción del mercado y perspectivas
Los actores del mercado inmobiliario señalan que, debido a las dificultades en el trámite y al limitado grupo de posibles beneficiarios, el programa no ha logrado ser masivo. Muchos potenciales compradores de vivienda no cumplen con los requisitos o no están dispuestos a pasar por un largo proceso de aprobación. Como consecuencia, una parte significativa de los fondos asignados permanece sin utilizar, y la tarea de ampliar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con niños aún no está resuelta.












