
En la capital de España estalla un sonado escándalo en torno a la directiva del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem). Las autoridades judiciales han abierto una investigación contra seis miembros de la junta provisional, incluido el presidente Manuel Martínez-Sellés. Se les imputa un posible abuso de poder relacionado con una decisión que provocó la destitución de la comisión electoral de la organización. Esta resolución, aprobada en marzo de 2025, desató una ola de indignación entre los profesionales sanitarios y puso en entredicho la legitimidad de la gestión del Colegio.
La causa del litigio fue la revocación de la comisión electoral tras las elecciones de diciembre de 2024, en las que resultó ganador Tomás Merina con el respaldo del sindicato Amyts. Su equipo obtuvo casi la mitad de los votos, pero él no llegó a asumir el cargo. En su lugar, el anterior presidente siguió al frente, a pesar de haber perdido en las urnas. Este escenario, en el que el derrotado no cede el puesto, no tiene precedentes en el Colegio de Médicos de Madrid.
Lucha por el poder
Se preveía que el nuevo presidente asumiera sus funciones en enero de 2025, pero la ceremonia nunca se celebró. La comisión de reclamaciones interna del propio Colegio alegó que Merina no cumplía los requisitos para ser candidato, ya que no ejerce la medicina. Merina rechazó rotundamente estas acusaciones y acudió a los tribunales; sin embargo, la justicia no tomó medidas cautelares, dejando el asunto en el aire.
Como resultado, Martínez-Selles continuó ejerciendo como presidente a pesar de la expiración de su mandato. Los estatutos de la organización no preveían mecanismos para resolver una crisis de este tipo, lo que agravó aún más el conflicto. El descontento crecía dentro de la comunidad médica y el ambiente se volvía cada vez más tenso.
Duelo judicial
Paralelamente a la disputa sobre la legitimidad de la elección de Merina, comenzó una nueva batalla legal. En su denuncia, Merina sostiene que la destitución de la comisión electoral fue un intento de eliminar el único órgano independiente capaz de asegurar una transición de poder justa. Según él, esta decisión permitió que el equipo derrotado se mantuviera en el poder a pesar de la voluntad de la mayoría.
En la denuncia se subraya que ninguna norma interna autorizaba a la dirección temporal a disolver la comisión electoral, especialmente cuando sus propias competencias estaban limitadas. La jueza a cargo del caso consideró que los actos de la dirección podrían presentar indicios de delito y encomendó a la Fiscalía realizar una investigación adicional.
Decisiones secretas
Los partidarios de Merina insisten en que la decisión de disolver la comisión se tomó en total opacidad. Solicitaron explicaciones en varias ocasiones sin recibir respuestas claras. Solo tras acudir al Portal de Transparencia de Madrid lograron confirmar que existía la resolución correspondiente de la junta directiva, aunque dicha confirmación llegó con considerable retraso.
En el documento obtenido se indica que, debido a los litigios en curso, la actividad de la comisión electoral queda suspendida hasta la emisión de una decisión definitiva. Según Merina, esto no es una simple formalidad burocrática, sino que supone una afrenta a la democracia interna del Colegio y una vulneración de los derechos de todos sus miembros.
Acusaciones e implicados
En su denuncia, Merina califica las acciones de la dirección provisional como un fraude institucional y un intento de usurpación del poder. Considera que este comportamiento mina la confianza en la organización y crea un precedente peligroso para toda la comunidad profesional.
Entre los investigados figuran no solo la presidenta, sino también otras figuras clave: el vicesecetario Javier Martín, el tesorero José Antonio Valero y los miembros de la junta María Esther Cordón, Rafael Carlos Ortega y Santiago Sevilla. Todos ellos se enfrentan a una posible inhabilitación prolongada si se demuestra su culpabilidad.
Consecuencias para la medicina
El escándalo en torno al Colegio de Médicos de Madrid ha trascendido el ámbito profesional. Las cuestiones sobre la transparencia, la honestidad en las elecciones y la responsabilidad de la directiva ya no solo preocupan al personal sanitario, sino que también son tema de debate en toda la sociedad. La situación evidencia lo vulnerables que pueden ser incluso instituciones tan respetadas ante conflictos internos y luchas de poder.
En un momento en que la confianza en las organizaciones médicas es especialmente crucial, historias como esta generan inquietud. Solo queda estar atentos a la evolución de la investigación y ver qué consecuencias traerá para el futuro del Colegio de Médicos de Madrid.











