En el norte de Madrid, en el municipio de San Sebastián de los Reyes, apareció un anuncio en el popular portal inmobiliario Idealista: un piso moderno de tres habitaciones y 85 metros cuadrados se ofrece por 1.284 euros al mes. A primera vista, nada fuera de lo común. Sin embargo, detrás de esta oferta no se encuentra un propietario particular, sino la empresa Sogeviso, gestora del programa estatal Plan Vive. Para atraer inquilinos, utilizan la marca ficticia Park View Madrid, ocultando así el origen público de la vivienda.
Problemas de ocupación y cambio de marca
Plan Vive es el proyecto clave del gobierno de la Comunidad de Madrid, pensado para facilitar el acceso a la vivienda a los residentes locales. Las autoridades informan periódicamente de sus logros: solo en noviembre de 2024, en Móstoles, entregaron oficialmente las llaves de 5.175 nuevos pisos. Sin embargo, tras la fachada de estos comunicados oficiales se oculta otra realidad: una parte significativa de las viviendas en San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos permanecen vacías, y la empresa gestora se ve obligada a camuflar la vivienda pública como si fuera privada para poder llenar los edificios de alguna manera.
Park View Madrid no es una empresa independiente, sino una estrategia de márketing de Sogeviso. Ni la web ni los anuncios en Idealista revelan que se trata de pisos de titularidad pública. Así, más de 130 viviendas vacías se intentan alquilar a través del mayor portal inmobiliario del país para evitar que los potenciales inquilinos asocien la oferta con Plan Vive, un programa cuya reputación entre los vecinos se ha visto notablemente afectada.
Reacción de vecinos y políticos
El exalcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ahora en la oposición, no oculta su indignación: «El Plan Vive ha quedado obsoleto, ahora intentan vender lo mismo bajo otro nombre. Es un engaño. La vivienda pública debe asignarse a través de canales oficiales, no mediante portales privados». Según él, si los pisos estuvieran realmente disponibles, no permanecerían vacíos. «Pagar 1.400 euros por una vivienda en suelo público es un absurdo», añade.
Desde el Ministerio de Consumo señalan que, por ahora, este tipo de anuncios no infringe la ley, pero tras la entrada en vigor de la nueva ley de protección de los derechos de los consumidores, será obligatorio indicar que se trata de viviendas públicas si esto influye en el precio. Desde el Ministerio de Vivienda consideran que la situación del Plan Vive es un claro ejemplo del fracaso del programa.
Estadísticas de rechazos y ocupación
Los datos exactos de ocupación del Plan Vive permanecen ocultos. Ni Sogeviso ni Avalon —otra empresa participante en el proyecto— publican estadísticas. Sin embargo, se sabe que en el barrio de Tempranales, en San Sebastián de los Reyes, al menos 122 de los 488 pisos están vacíos. Solo el 27% de los inquilinos son residentes locales, el resto proviene de otras zonas, lo que evidencia la falta de acceso al programa para los habitantes del municipio.
En el sitio web de Sogeviso se pueden consultar los datos sobre rechazos: de 5.258 rechazos a viviendas ofrecidas, 2.283 corresponden a San Sebastián de los Reyes, casi el doble que el año pasado. En Tres Cantos se rechazaron 1.056 pisos. La principal razón es el alto precio del alquiler, que no se ajusta al concepto de ‘vivienda asequible’.
El mercado y sus consecuencias sociales
La comparación de precios muestra que los pisos del Plan Vive se alquilan a 15,11 euros por metro cuadrado, mientras que inmuebles similares en la misma zona rondan los 9,77 euros. Las agencias inmobiliarias locales no consideran al programa estatal como competencia: «Ellos operan con precios de mercado; nosotros no cobramos por gestión ni impuestos», explica una de las agentes.
Según Narciso Romero, estos precios provocan que los nuevos edificios sean ocupados por familias de altos ingresos, lo que cambia el perfil social del barrio y excluye a los residentes con menos recursos. En Tres Cantos la situación es aún menos clara: los anuncios de pisos del Plan Vive también aparecen en Idealista, y las dudas sobre impuestos y servicios siguen sin resolverse. Los concejales locales abordan el tema de forma periódica en los plenos, pero reciben siempre la misma respuesta: «Reclamen al gobierno de Madrid».
