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Bancos españoles ya no podrán ofrecer tarjetas de crédito ni aumentar límites sin solicitud del cliente

Descubre cómo los bancos sortearon las restricciones y qué les espera ahora

España impone una prohibición estricta a la concesión de tarjetas de crédito y al aumento de límites sin el consentimiento del cliente. Las nuevas normas protegen a los consumidores de deudas no deseadas y comisiones ocultas. Descubre cómo cambiará el mercado del crédito.

En España comienza una nueva era para los consumidores: los bancos ya no podrán emitir tarjetas de crédito ni aumentar los límites de crédito de manera unilateral sin la solicitud expresa y el consentimiento del cliente. No se trata solo de otra enmienda: supone una prohibición total de cualquier forma de financiación que no haya sido solicitada directamente por el ciudadano. La nueva versión de la ley de crédito al consumo, aprobada por el Gobierno, busca poner fin a los abusos y proteger a las personas del aumento inesperado de la deuda.

A partir de ahora, cualquier oferta de crédito que no haya sido solicitada por el cliente será ilegal. Bancos y entidades financieras deberán obtener un consentimiento claro e inequívoco antes de entregar una tarjeta o aumentar un límite. Esta norma no solo afecta a la banca tradicional, sino también a cualquier empresa que ofrezca servicios de crédito, incluidas plataformas digitales y servicios de préstamos rápidos.

Restricciones para los bancos

Antes, los bancos solían aprovechar vacíos legales para ofrecer productos de crédito adicionales a los clientes, a veces incluso sin que estos lo supieran. Por ejemplo, las tarjetas de crédito podían llegar por correo y los límites de las tarjetas existentes aumentar automáticamente. Ahora, estas prácticas se considerarán ilegales. Solo se permitirá en casos de renovación de tarjetas ya existentes, pero incluso en estos casos se exigirá el consentimiento del cliente.

La ley subraya expresamente que, incluso si el banco ofrece los llamados créditos «preaprobados», no puede concederlos sin la confirmación expresa por parte del cliente. Se permite la publicidad y las ofertas, pero está prohibida cualquier concesión automática de dinero. Esta norma también se extiende a los populares servicios de «compra ahora y paga después» (buy now pay later), que a menudo disfrazan un crédito bajo la apariencia de un pago fraccionado conveniente.

Límites a las tasas y lucha contra la usura

Una de las principales novedades es la imposición de estrictos límites al coste de los créditos. Esto afecta especialmente a las tarjetas de crédito, donde las tasas de interés de las llamadas tarjetas revolving hace tiempo suscitan preocupación entre los reguladores. Ahora, la tasa máxima se calculará tomando como base la tasa media de los créditos al consumo publicada por el Banco de España, sumando un porcentaje adicional. Para importes pequeños (hasta 1 500 euros) el recargo será del 15 %, y para sumas superiores a 6 000 euros será del 6 %. Así, con una tasa media actual del 7 %, la tasa máxima de un crédito no superará el 13–22 % anual.

Ya se ha introducido un límite temporal para las tarjetas con límite revolving: no podrá superar el 22 % anual mientras la ley no entre plenamente en vigor. Esta medida busca frenar el crecimiento descontrolado de la deuda, provocado a menudo por comisiones ocultas y condiciones complicadas en estos productos.

Supervisión de empresas y nuevas exigencias

Todas las empresas que se dedican a la financiación al consumo estarán ahora bajo la supervisión del Banco de España. Esto se aplicará no solo a los bancos tradicionales, sino también a las plataformas online, que antes operaban prácticamente sin control. Incluso quienes ofrezcan créditos para la compra de productos a plazos deberán operar a través de entidades financieras autorizadas o, en su defecto, dejar de cobrar intereses y comisiones.

Las empresas que quieran ofrecer a sus clientes el pago de productos a plazos solo tendrán dos opciones: asociarse con un banco o facilitar el pago fraccionado sin intereses. En caso contrario, se enfrentarán a multas y a la prohibición de operar.

Protección contra las manipulaciones en internet

Se ha puesto especial atención a los llamados ‘patrones oscuros’ (dark patterns): trucos en webs y aplicaciones que empujan al usuario a tomar decisiones que le perjudican. Por ejemplo, cuando el botón para ‘aceptar un crédito’ aparece destacado y el de ‘rechazar’ es casi invisible. O cuando las ventanas emergentes transmiten sensación de urgencia y obligan al cliente a actuar sin pensar.

Estos métodos estarán ahora prohibidos por ley. Cualquier intento de manipular la decisión del usuario, especialmente al contratar productos financieros, será sancionado. Además, todos los servicios online deberán garantizar que la opción de renunciar a una oferta sea visible y accesible: nada de enlaces ocultos ni letra pequeña.

Derechos del consumidor y nuevos estándares

La ley establece medidas adicionales para proteger los derechos de los consumidores. Por ejemplo, si un cliente entra accidentalmente en números rojos, el banco no podrá aplicar un cargo por sobregiro superior a 2,5 veces la tasa de refinanciación, incluyendo todas las comisiones y sanciones. Esta limitación busca proteger a las personas de deudas inesperadas y tasas excesivas.

Todo el sistema de crédito se vuelve más transparente: todas las ofertas, condiciones y comisiones deben explicarse de forma clara y comprensible. Los bancos y las entidades financieras están obligados a informar a los clientes sobre todos los riesgos y posibles consecuencias, para que cada persona pueda tomar decisiones de manera consciente.

En general, las nuevas normas cambian la filosofía del crédito en España. Ahora la iniciativa está completamente en manos del cliente: solo él decide si necesita un préstamo, una tarjeta o un aumento de límite. Los bancos ya no podrán imponer sus productos, y cualquier intento de eludir la ley será sancionado severamente.

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