En Barcelona, se intensifica una nueva etapa de un sonado caso de espionaje digital. Por primera vez en la historia de España, un tribunal local ha iniciado una investigación oficial contra ex altos cargos de la Guardia Civil, sospechosos de estar implicados en la vigilancia a partidarios de la independencia de Cataluña mediante el software israelí Pegasus.
Los protagonistas principales son dos exjefes del organismo: Félix Vicente Azón, que ocupó el cargo entre 2018 y 2020, y su sucesora María Gámez, al frente del cuerpo hasta 2023. También está siendo investigada la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, ya citada en varias ocasiones por casos similares, así como varios altos directivos de la empresa israelí NSO Group, creadora de Pegasus.
La jueza Miriam de Rosa Palacio ha admitido la denuncia en la que se sostiene que las acciones de los sospechosos podrían encuadrarse bajo delitos de acceso ilícito a sistemas informáticos y revelación de información. Por ello, se han iniciado diligencias previas para esclarecer todos los hechos. Entre los denunciantes figura un grupo de expertos y empresarios del sector tecnológico, reunidos como el colectivo Sentinel. Ellos afirman haber sido objeto de vigilancia no solo a través de Pegasus, sino también con otro software, Candiru.
Entre las medidas que exigen los demandantes se encuentran la desclasificación de documentos relacionados con el uso de Pegasus y Candiru, así como la entrega al tribunal de los permisos otorgados para este tipo de operaciones. Además, está previsto interrogar a todos los implicados en el caso y encargar a expertos de los Mossos d’Esquadra un análisis técnico de los dispositivos para confirmar o descartar el espionaje.
Paz Esteban deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en los próximos días, esta vez por el posible seguimiento a representantes de ERC. En julio del año pasado, ya fue considerada sospechosa en otro caso vinculado a Pegasus, junto a tres directivos de NSO Group y la propia empresa.
La investigación promete ser una de las más relevantes en la historia reciente de España, pues por primera vez la justicia pone en la mira no solo a los servicios de inteligencia, sino también a miembros de las fuerzas de seguridad. En los próximos meses, el tribunal deberá determinar quién autorizó el uso de tecnologías de espionaje contra adversarios políticos y bajo qué órdenes.
