Benidorm, uno de los destinos turísticos más famosos de España, se encuentra en el centro de una grave crisis financiera. El motivo es un antiguo litigio judicial relacionado con unos terrenos en el parque natural Serra Gelada, que podría suponer para la ciudad el pago de una indemnización de más de 340 millones de euros.
La historia comenzó en 2003, cuando la familia Murcia Puchades firmó un acuerdo con el ayuntamiento. Las autoridades municipales, encabezadas entonces por Vicente Pérez Devesa, pactaron la cesión de unos terrenos a cambio del derecho a edificar en otras zonas de Benidorm. Sin embargo, en 2005, las autoridades regionales declararon la Serra Gelada como el primer parque natural marino-terrestre de la Comunidad Valenciana, lo que prohibió por completo cualquier construcción en esas áreas.
Los propietarios de los terrenos no se opusieron a la creación del parque, confiando en que se respetarían los términos del acuerdo. En los años siguientes el convenio se fue prorrogando, también bajo el mandato del alcalde socialista Agustín Navarro. No obstante, las obligaciones nunca llegaron a cumplirse y el valor de la tierra se estimaba en unos 280 millones de euros. Al no recibir respuesta del ayuntamiento, los propietarios recurrieron a los tribunales, argumentando que la ciudad prácticamente se había convertido en titular de las parcelas pero sin abonar la compensación correspondiente.
El ayuntamiento, por su parte, argumentó que los acuerdos habían quedado sin efecto porque el terreno no fue transferido oficialmente y, además, la declaración del parque natural lo hacía impropio para la urbanización. En 2021, el juzgado de primera instancia respaldó la posición del consistorio, pero los propietarios recurrieron la decisión. En 2022, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana dio la razón a la familia Murcia Puchades y animó a las autoridades de Benidorm a entablar negociaciones.
El actual alcalde, Toni Pérez, decidió continuar la batalla legal, pero el Tribunal Supremo de España desestimó los argumentos del ayuntamiento. A la cantidad principal de indemnización se sumaron intereses, que ya superan los 60 millones de euros, elevando el total a más de 340 millones de euros. Esta cifra supone casi dos veces y media el presupuesto anual de la ciudad.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Benidorm acudió al Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la ejecución de la sentencia para evitar una quiebra inmediata. Las autoridades advierten que el pago de tal cantidad provocaría despidos masivos y recortes en los servicios municipales, además de causar un daño irreversible a la economía local.
El alcalde reconoce que, sin el apoyo del Estado o de la comunidad autónoma, la ciudad no podrá hacer frente por sí sola a las obligaciones financieras. Mientras tanto, los intereses siguen aumentando y la oposición acusa al equipo de gobierno de cometer errores, exige la dimisión del alcalde y señala la falta de transparencia en la prórroga de los acuerdos.
Los socialistas locales consideran que la decisión judicial tendrá un impacto negativo en el futuro de varias generaciones de residentes de Benidorm. Subrayan que en el pasado los acuerdos fueron prorrogados con el apoyo de los dos principales partidos, pero posteriormente la postura de las autoridades cambió, lo que llevó a la actual crisis.
En respuesta, representantes del partido en el poder insisten en que negarse a revisar los acuerdos podría haber supuesto responsabilidades penales por abuso de autoridad. También recuerdan que en otros procesos judiciales los tribunales respaldaron la posición del ayuntamiento y declararon nulos acuerdos similares.
El conflicto judicial en torno a Serra Gelada se ha convertido en uno de los mayores de la historia de Benidorm y ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de uno de los principales destinos turísticos de España. En los próximos días, el futuro de la ciudad dependerá de la decisión del Tribunal Constitucional y del posible apoyo de las autoridades regionales y nacionales.
