El Tribunal Supremo de España enfrenta un contratiempo inesperado: el tercer abogado asignado al exministro de Transportes José Luis Ábalos comunicó que su agenda para febrero y marzo está completamente ocupada con otros juicios. Precisamente en esos meses estaba previsto iniciar las audiencias del mediático caso sobre presuntas irregularidades en contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Ahora, el comienzo del proceso podría aplazarse por tiempo indefinido.
Marino Turiel, nuevo defensor de Ábalos, notificó oficialmente al tribunal sobre sus compromisos con otras causas de alto perfil, entre ellas el proceso contra el exconsejero del gobierno de Madrid Francisco Granados dentro del caso Púnica. En su calendario, casi todos los días de febrero y marzo ya están asignados, mientras que para abril, mayo y junio se suman otras cuatro fechas. Esta situación pone en duda la posibilidad de celebrar las vistas en el periodo inicialmente previsto.
Obstáculos legales
En una carta dirigida a la sala penal del Supremo, Turiel detalló las fechas en las que ya está implicado en otros procedimientos. Entre ellos figuran audiencias sobre presuntos contratos ilegales entre municipios y la empresa Waiter Music, donde exalcaldes y senadores del Partido Popular ocupan el banquillo de los acusados. Ahora, los magistrados deberán tener en cuenta estas circunstancias a la hora de planificar los próximos pasos en la causa de Ábalos.
Los planes del tribunal y la estrategia de defensa del exministro difieren notablemente. Según fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo esperaba comenzar, si no en febrero, al menos en marzo, la primera vista del llamado caso Koldo. Sin embargo, este escenario ahora está en duda. Además, Turiel ha recalcado que necesita tiempo para revisar a fondo los materiales del caso y así garantizar una defensa adecuada para su cliente. Esto podría retrasar aún más el proceso, ya que el derecho a la defensa es fundamental para cualquier acusado.
Cambio de abogados
Desde que el Tribunal Supremo presentó oficialmente cargos contra Ábalos en noviembre de 2024, el exministro ha cambiado de abogado en tres ocasiones. Durante largo tiempo, su defensa estuvo en manos de José Aníbal Álvarez, pero en octubre ambas partes se separaron por “diferencias irreconciliables”. Según algunas fuentes, Álvarez aconsejaba a Ábalos renunciar a su escaño para dilatar la investigación y devolver el caso a la Audiencia Nacional, pero el político no aceptó.
Posteriormente, Ábalos contrató al exfiscal Carlos Bautista, quien también renunció poco después aludiendo “discrepancias contractuales”. Extraoficialmente, la razón habría sido el impago de sus honorarios. Ahora la defensa del exministro está a cargo de Turiel, quien debe analizar urgentemente el complejo caso antes de una vista clave sobre la situación de prisión provisional de Ábalos y su exasesor Koldo García.
Batallas judiciales
En los próximos días, el Tribunal Supremo debe revisar la apelación contra la decisión del juez Leopoldo Puente de enviar a Ábalos y García a la prisión de Soto del Real a finales de noviembre. Se espera que a la audiencia asistan tanto el antiguo abogado, Baustista, como el nuevo defensor, Turiel, quien también ha presentado la solicitud correspondiente.
Una vez completado este procedimiento, el caso pasará a la fase del juicio oral. Será el primer proceso del caso Koldo, en el que la investigación sospecha que Ábalos y su ex asesor recibieron sobornos —tanto en efectivo como en forma de servicios— por favorecer a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama.
Contratos y acusaciones
El foco estará en los contratos firmados por el Ministerio de Transportes y sus organismos dependientes con la empresa Soluciones de Gestión S.L., relacionada con Aldama. Esta compañía suministró mascarillas en plena pandemia de la COVID-19. Según los abogados, las audiencias durarán al menos un mes debido al elevado número de testigos, entre los que figuran el jefe del gabinete de la ministra de Hacienda María Jesús Montero y Carlos Moreno.
El tribunal estará compuesto por siete jueces, como es habitual en el Tribunal Supremo. El presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, se encargará de preparar la decisión final, ya que fue el ponente durante la admisión del caso. Junto a él participarán otros cuatro jueces que previamente apoyaron procesar a Ábalos, además de dos nuevos jueces que serán incorporados especialmente.
Penas potenciales
Ábalos y su ex asesor están acusados de formar una organización criminal, tráfico de influencias, aceptar sobornos y malversación de fondos públicos. Se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión. Para Aldama, la fiscalía y las acusaciones, entre las que está el Partido Popular, solicitan 7 años de cárcel, teniendo en cuenta su confesión.
La continua rotación de abogados y la reciente incorporación de la nueva defensa pueden afectar seriamente los plazos del procedimiento. La fecha de inicio del juicio sigue sin determinarse. Pero una cosa está clara: este caso ya se ha convertido en uno de los más comentados en la justicia española en los últimos años.
