En Galicia crece la tensión en torno a los planes para construir una gran planta de celulosa en el municipio de Palas de Rei (Lugo). La iniciativa, respaldada por las autoridades regionales, ha generado una ola de descontento entre los vecinos y defensores del medio ambiente. Sus consignas y símbolos ya se han convertido en parte indispensable de las protestas en toda la comunidad autónoma, y también aparecen en la ropa y en los muros de las calles.
A pesar de que el proyecto logró obtener la aprobación ambiental del gobierno regional, su ejecución está en duda. Tras no conseguir financiación europea, surgieron serias dudas sobre la viabilidad económica de la planta. Además, la fábrica no figura en la lista de infraestructuras para las que el gobierno central prevé la construcción de nuevas redes eléctricas, lo que dificulta aún más las perspectivas de inicio de la producción.
Los activistas y ecologistas que se oponen a la construcción de la fábrica no piensan rendirse. Ya preparan demandas judiciales impugnando el proceso de concesión de recursos hídricos para la futura planta. Según ellos, las autoridades han excedido los plazos permitidos para la revisión de documentos, y el proyecto amenaza el ecosistema del río Ulla, del que dependen el suministro de agua de once municipios y la industria pesquera de la región. Los opositores subrayan que la empresa planea extraer y verter hasta 46 millones de litros de agua al día en el río, una cifra equiparable al consumo de toda una provincia.
Los pescadores y representantes del sector marítimo temen que la puesta en marcha de la planta provoque un deterioro de la calidad del agua y afecte negativamente a sus ingresos. Al mismo tiempo, la empresa Greenfiber, responsable del proyecto, reconoce que para llevar a cabo la construcción se requiere un importante apoyo estatal: una cuarta parte del presupuesto, es decir, 250 millones de euros de un total de mil millones.
El último golpe al proyecto vino con la negativa del gobierno a incluir la planta en el plan de desarrollo de la red eléctrica hasta 2030. Las autoridades explican esta decisión señalando la necesidad de priorizar los proyectos más viables y socialmente relevantes, para evitar un aumento de costes para los consumidores. De no llevarse a cabo la construcción, las nuevas infraestructuras quedarían sin uso, algo que, según los funcionarios, es inaceptable.
La empresa Greenfiber y las autoridades regionales consideran que esta decisión limita las perspectivas económicas de toda la provincia de Lugo y le priva de nuevos puestos de trabajo. En los próximos días, los responsables del proyecto planean analizar detenidamente los argumentos del ministerio y no descartan presentar alegaciones. Mientras tanto, los litigios y los debates públicos en torno a la planta continúan, y su futuro sigue siendo incierto.
