En la capital de España estalló un gran escándalo después de que se supo que el hombre detenido por presuntamente agredir a una niña de 14 años no era un adolescente, sino un adulto. Su edad, determinada mediante exámenes médicos, resultó ser de 23 años, aunque anteriormente él había asegurado tener solo 17.
Este individuo, ciudadano de Marruecos, fue ingresado en un centro de menores en el distrito de Hortaleza, donde se produjo el incidente. Sin embargo, tras realizar pruebas radiológicas y otros exámenes médicos, quedó claro que su fecha de nacimiento real no coincidía con la indicada en los documentos. La edad mínima que arrojaron los análisis fue de 19 años y la más probable, 23 años. Por lo tanto, no tenía derecho a estar en una institución para menores ni a beneficiarse de su protección.
En cuanto se recibieron los resultados, el juez encargado del caso trasladó el expediente al juzgado ordinario. Ahora, el hombre será juzgado como adulto y no según el régimen de menores. En breve, podría ser trasladado a una prisión común.
Ya en el momento de su ingreso en el centro, los empleados tenían dudas sobre la edad del hombre. Se negó a someterse a los exámenes médicos que podían avalar su declaración. Solo después del suceso ocurrido en agosto de 2025, la fiscalía insistió en realizar todas las pruebas necesarias.
El 24 de septiembre, el sospechoso fue llevado al hospital, donde le realizaron radiografías de la mano, de los dientes y una tomografía computarizada de las clavículas. Los resultados confirmaron las sospechas: el hombre engañó deliberadamente al sistema para evitar un régimen de detención más estricto.
En poco tiempo que estuvo en Madrid, esta persona ya había llamado la atención de la policía en varias ocasiones. Cuatro meses antes del ataque, había sido detenido ocho veces por diferentes cargos: robos, hurtos, amenazas, participación en peleas multitudinarias y agresiones a agentes. Sin embargo, siempre quedaba en libertad. Solo tras el último incidente fue aislado de la sociedad.
Este caso volvió a cuestionar la eficacia del sistema de acogida de menores migrantes. En uno de los centros de Alcalá de Henares, actualmente esperan revisión unos cuarenta jóvenes que, al entrar en España, declararon tener menos de 18 años. Mientras no se obtengan los informes médicos, permanecen en instalaciones separadas. Representantes del ministerio señalan que algunos migrantes declaran ser menores de edad de manera intencionada para evitar condiciones de reclusión más severas.
La Fiscalía de Madrid lleva tiempo alertando sobre la sobrecarga del sistema. Solo el año pasado, casi dos mil menores migrantes llegaron a la capital, la mayoría por vía aérea, principalmente desde Casablanca y Egipto. Para comparar: el año anterior, estos casos fueron varias veces menos.
Debido a la falta de recursos y a las listas de espera para exámenes médicos, que pueden prolongarse hasta medio año, estas situaciones se hacen posibles. Como resultado, adultos con antecedentes penales pueden permanecer durante mucho tiempo bajo la protección estatal destinada a menores, y cometer nuevos delitos.
