En el País Vasco estalla un gran escándalo relacionado con los campamentos de verano a los que este año asistieron más de quinientos niños. La atención pública se centra en la actividad de la asociación Sarrea Euskal Udalekua, organizadora de los turnos en Bernedo, Goñi y Abáigar. Ya se sabe que el número de participantes solo aumentó antes del inicio de las actividades, a pesar de que la investigación sobre los campamentos había comenzado medio año antes.
La policía vasca (Ertzaintza) recibió las primeras señales de alarma ya en diciembre del año pasado: llegaron al comisariado testimonios de que a menores se les obligaba a ducharse juntos y participar en juegos humillantes. En abril se redactó un informe oficial, pero ni los tribunales ni otras instituciones públicas tomaron medidas para detener la organización de los campamentos. Incluso después de que en septiembre aparecieron nuevos detalles, la situación no cambió.
Actualmente, el tribunal de Vitoria investiga posibles delitos contra la libertad y la dignidad de los menores. Tres adolescentes ya han sido citados a declarar. Padres y sociedad muestran su indignación porque ni la policía, ni los tribunales, ni el defensor del pueblo intervinieron a tiempo. Un diputado de la provincia de Álava reconoció públicamente que ninguno de los responsables tomó las medidas necesarias para proteger a los niños.
Durante la investigación se descubrió que en los campamentos de Abaixgare en 2021 y 2022, así como en Bernedo en 2023-2025, tuvieron lugar acciones que actualmente se califican como violaciones de la libertad sexual de menores. Más de 500 niños pasaron por estos campamentos durante los dos meses de verano, y las cartas de las víctimas y sus familias contienen detalles impactantes. Por ejemplo, a las niñas las obligaban a ducharse desnudas junto a chicos adolescentes, mientras que los monitores y educadores podían permanecer semidesnudos en el campamento, incluso en las zonas del pueblo.
Residentes locales confirman que los monitores a veces trabajaban en la cocina sin ropa, cubriéndose solo con delantales, y que en los días calurosos las educadoras aparecían en topless no solo en el campamento, sino también en lugares públicos. A pesar de ello, la Fiscalía del País Vasco no fue informada sobre la investigación, y el defensor del pueblo se negó a intervenir, argumentando que el campamento era organizado por una entidad privada.
La asociación Sarrea Euskal Udalekua, organizadora de los campamentos, insiste en que los vestuarios colectivos ayudan a combatir la sexualización, y entre los miembros de la directiva hay un poeta y activista que defiende la identidad no binaria y una educación alternativa. Ante el escándalo, casi 200 padres expresaron su apoyo al campamento, afirmando que incluso las duchas pueden ser un «espacio político» para fomentar la diversidad.
