La aviación española se enfrenta a un escándalo sin precedentes que podría cambiar el enfoque hacia el control de equipajes y la seguridad en los vuelos internacionales. En el centro de la polémica se encuentra la compañía Plus Ultra, cuyos vuelos entre Madrid y Malabo durante más de cuatro años fueron utilizados para transportar efectivo, drogas y materiales peligrosos. El sistema, que permitía evitar los controles estándar, operaba bajo la cobertura de documentos legales, pero en realidad minaba la confianza en la seguridad aérea de España.
El núcleo del esquema consistía en que el equipaje, registrado a nombre de pasajeros desprevenidos, pasaba como pertenencias personales, aunque por su volumen y contenido debió ser gestionado como carga. Detrás de la organización estaba la empresa ecuatoguineana Punta Europa Aviación, que carecía del certificado de operador necesario, pero contaba con influencia sobre las autoridades locales y estrechos vínculos con la dirigencia política del país.
Esquema encubierto
En el aeropuerto de Barajas, empleados de Punta Europa recibían bolsas de gran tamaño que esquivaban la zona de carga y acababan en las bodegas de los aviones de Plus Ultra. Por cada vuelo, el esquema generaba entre 30.000 y 60.000 euros, y los propios pasajeros ni siquiera sospechaban que a su nombre se añadían extra espacios de equipaje. Toda la operación se basaba en una estrecha colaboración entre Plus Ultra, Punta Europa y el intermediario Summerwind, que recibía su parte por gestionar el equipaje.
A pesar de las reiteradas advertencias de la administración del aeropuerto y los incidentes detectados con cargas peligrosas, la aerolínea no tomó medidas decisivas para poner fin a la práctica. Las cartas internas y las quejas solo trasladaban la responsabilidad a los socios de Guinea Ecuatorial, mientras que el esquema continuó funcionando hasta noviembre de 2025.
Poder e influencia
Las relaciones personales de la directiva de Punta Europa con la élite política de Guinea Ecuatorial jugaron un papel clave en el sostenimiento del esquema. El presidente de la compañía, que contaba con la confianza del jefe de Estado, Teodoro Obiang, garantizaba la protección necesaria y ejercía presión sobre las autoridades locales de control aéreo. Gracias a ello, Punta Europa operó durante años sin la certificación e infraestructura obligatorias, y cualquier intento de intervención por parte de las autoridades españolas encontraba resistencia.
En Madrid, representantes de Punta Europa abrieron un mostrador propio para la recepción de equipaje, donde trabajaba el hijo de uno de los colaboradores más cercanos de Obiang. Allí se procesaban todas las cargas disputadas y el intermediario Summerwind cobraba por cada pieza de equipaje, eludiendo los procedimientos oficiales y los impuestos.
Reacción y consecuencias
Las autoridades de seguridad españolas detectaron en varias ocasiones infracciones, incluyendo el hallazgo de sustancias peligrosas en equipajes que no estaban registrados a nombre de pasajeros reales. Sin embargo, Plus Ultra se limitó a presentar quejas formales y no rompió relaciones con Punta Europa. Los conflictos internos entre Punta Europa y Summerwind solo evidenciaron la magnitud del negocio, pero no impidieron que el esquema siguiera funcionando.
La operación solo se detuvo tras la intervención de la policía económica, cuando se realizaron registros en las oficinas de Plus Ultra y varios altos directivos fueron detenidos. Hasta ese momento, el esquema funcionaba casi sin fallos y el control por parte de las autoridades españolas y de Guinea Ecuatorial seguía siendo meramente formal.
Contexto y analogías
En los últimos años, España ya ha registrado casos de uso de vuelos comerciales legales para el transporte ilegal de mercancías valiosas y peligrosas. Estos métodos suelen apoyarse en redes de corrupción y en la falta de control de los servicios de aviación y aduanas. En 2024, un incidente similar ocurrió en un vuelo procedente de Sudamérica, donde equipaje con drogas fue registrado a nombre de pasajeros desprevenidos. Aquella investigación llevó a un endurecimiento de las normas de inspección y a la revisión de los procedimientos para el despacho de equipajes. Los nuevos detalles del caso Plus Ultra podrían motivar una nueva ola de reformas en materia de seguridad aérea y control de envíos.
