El verano de 2025 volvió a traer incendios forestales de gran magnitud a España. En varias regiones del país, incluyendo Andalucía, Galicia y Madrid, se registran focos importantes de incendios que destruyen miles de hectáreas de bosque. Aunque las causas de muchos de estos incendios aún se están investigando, los expertos destacan que, en la mayoría de los casos, el ser humano es el principal responsable, ya sea por negligencia o de manera intencionada.
Según los especialistas, más del 80% de los incendios forestales en España se deben a la acción humana. Solo en los últimos meses han sido detenidas al menos 25 personas sospechosas de provocar fuegos. Uno de los incidentes más recientes ocurrió en la provincia de Ávila, donde un miembro del servicio de extinción de incendios fue arrestado, acusado de organizar un incendio que destruyó más de 2.000 hectáreas de bosque. La investigación considera como posible motivo intereses personales relacionados con su trabajo.
Las estadísticas del año pasado también confirman una tendencia preocupante: en 2023, la policía detuvo o inició investigaciones contra 402 personas en casos relacionados con incendios forestales. Las causas de estos incendios son variadas, desde quemas intencionadas hasta simples descuidos al fumar, cocinar al aire libre, quemar basura o utilizar maquinaria que puede producir chispas.
En España rigen estrictas normativas que regulan el comportamiento en las zonas forestales, especialmente durante los periodos de alto riesgo de incendios, que suelen ir de mediados de junio a mediados de octubre. En la mayoría de las comunidades autónomas está prohibido fumar en el bosque o arrojar colillas desde los vehículos. Estas infracciones pueden acarrear multas de entre 100 y 1.000 euros, incluso si no se ha producido ningún daño.
En algunas regiones, como Castilla-La Mancha, está totalmente prohibido fumar y tirar cerillas o cigarrillos en los bosques y áreas colindantes. En Galicia, la sociedad civil aboga activamente por la prohibición de fumar en las Islas Cíes (Islas Cíes), que forman parte del parque nacional, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios y la contaminación.
Hacer fuego, preparar barbacoas o utilizar fuego abierto en el bosque sin un permiso especial está prohibido en todo el país. El incumplimiento de esta norma puede suponer multas superiores a 3.000 euros, especialmente si se ignoran las medidas de seguridad o existe una prohibición directa.
El uso de maquinaria agrícola o de construcción que pueda provocar chispas también está restringido durante los periodos de alto riesgo de incendios. En algunas autonomías está prohibido realizar ciertos trabajos en las horas más calurosas del día, entre las 13:00 y las 19:00. Sin un permiso especial, no está permitido acceder con vehículos a zonas forestales, acampar ni organizar eventos multitudinarios.
Entre las infracciones graves se incluyen arrojar colillas, basura u otros objetos fácilmente inflamables, incluso si están apagados. Estas acciones se consideran graves y conllevan fuertes multas.
Las sanciones más severas se imponen por incendios provocados intencionadamente o acciones que hayan causado grandes incendios. Si el fuego pone en peligro la vida de las personas, el responsable puede enfrentarse a penas de 10 a 20 años de prisión. Provocar un incendio forestal sin riesgo para la vida pero con daños significativos conlleva entre uno y cinco años de cárcel, además de multas económicas. En casos especialmente graves, cuando el incendio afecta a grandes extensiones, causa daños importantes a la naturaleza o se produce por motivos de lucro, la pena de prisión aumenta hasta seis años y las multas pueden alcanzar hasta 24 meses de ingresos del condenado.
Incluso si el fuego no se ha propagado, pero se ha producido una quema intencionada, el responsable puede ser condenado hasta un año de prisión. Además de la responsabilidad penal, la ley prohíbe cambiar el uso del suelo afectado por el fuego durante un periodo de hasta 30 años para evitar la especulación y preservar el equilibrio ecológico.
De este modo, la legislación española contempla una amplia gama de medidas, que van desde sanciones administrativas hasta largas penas de prisión, para combatir los incendios forestales y prevenir nuevas tragedias. Las autoridades y organizaciones sociales llaman a la ciudadanía a cumplir las normas y extremar la precaución en los bosques para preservar la riqueza natural del país.
