Estalla un escándalo en Sevilla por la trágica muerte de la estudiante Sandra Peña. La familia de la joven, al no ver avances por parte de la administración del colegio Irlandesas de Loreto, prepara una demanda contra la institución educativa y su directiva. Los padres están convencidos de que, si los protocolos contra el acoso escolar y la prevención del suicidio funcionaran, su hija seguiría viva. Las preguntas hacia el colegio se multiplican, pero nadie parece dispuesto a dar respuestas.
Han pasado varios meses desde la tragedia, pero ni la dirección del colegio ni los profesores han mostrado intención de dialogar con la familia de la fallecida. Según el tío de Sandra, Isaac Villar, los padres no buscan consuelo: quieren que se reconozcan los errores y evitar que algo así se repita. Para ellos, no es solo una tragedia personal, sino un tema de seguridad pública.
La investigación está estancada
Tras la muerte de Sandra, la investigación administrativa iniciada por la consejería regional de Educación se paralizó rápidamente. En cuanto el caso pasó a manos de la Fiscalía de Menores, todo el proceso quedó en suspenso. Los investigadores analizan no solo la actuación —o inacción— del colegio, sino también la conducta de tres compañeras, sospechosas de acoso escolar. Sin embargo, el final aún queda lejos: faltan numerosas declaraciones de testigos y los plazos no dejan de alargarse.
Mientras las autoridades discuten posibles sanciones, la familia Peña no espera concesiones del sistema. Insisten en que, si se demuestra la responsabilidad del colegio, el castigo debe ser lo más severo posible. En el caso de los centros privados, la máxima sanción es la retirada de la financiación pública, pero para los padres eso no es suficiente. Exigen responsabilidad penal para quienes, a su juicio, ignoraron las señales de alarma y no protegieron a la menor.
El silencio del colegio
Tras la tragedia, el colegio Irlandesas de Loreto se limitó a emitir algunos comunicados oficiales y promesas de crear un «espacio de diálogo». Sin embargo, según la familia, ningún diálogo se produjo realmente. Después del funeral, el contacto con la dirección prácticamente cesó. Durante todo este tiempo, los padres sólo recibieron dos correos electrónicos: uno, por cuestiones administrativas, y otro, solicitando permiso para celebrar una misa en memoria.
Al mismo tiempo, en la zona de Carretera de Carmona, donde vivía Sandra, aparecieron grafitis acusando a la dirección del colegio. La ciudad se vio sacudida por una ola de indignación y por las calles de Sevilla se celebró una manifestación multitudinaria. La ciudadanía exigía cambios y justicia, mientras en redes sociales se desataron intensos debates sobre quién era responsable de lo sucedido.
La postura de las autoridades
Las autoridades regionales aseguran que apoyan a la familia y que la situación está bajo control. Los padres de Sandra esperan reunirse personalmente con la titular de Educación para saber por qué la investigación se encuentra estancada. Según los funcionarios, mantienen contacto con la familia, pero los propios familiares consideran que esto no es suficiente. Quieren no solo palabras, sino acciones concretas.
Las autoridades admiten que el colegio no cumplió con su deber de proteger a la alumna. La madre de Sandra acudió en varias ocasiones a la dirección para denunciar el acoso, presentó informes psicológicos y pidió cambiar a su hija de clase. Sin embargo, sus solicitudes quedaron sin respuesta. Ahora la familia exige que los responsables no solo reciban sanciones administrativas, sino que también enfrenten cargos penales.
Repercusión pública
La muerte de Sandra Peña conmocionó a todo el país. En Sevilla y más allá muchos se preguntan cómo pudo ocurrir esto en la España actual. Padres de otros menores que sufrieron acoso se han unido para exigir al Gobierno leyes más estrictas y que las escuelas estén obligadas a actuar ante cualquier señal de bullying. Crece la desconfianza hacia las instituciones educativas y muchos se plantean: ¿quién será la próxima víctima?
La familia de Sandra no piensa rendirse. Su objetivo es lograr justicia y asegurarse de que ningún niño más se enfrente a una situación similar. Están convencidos de que solo a través de los tribunales se puede hacer funcionar el sistema y proteger a los menores de la indiferencia de los adultos. Mientras la investigación avanza lentamente y la escuela guarda silencio, la perseverancia de la familia se ha convertido en el principal motor del cambio.
