En la capital de España se desarrolla un importante juicio: el exsubdirector de logística de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava, está en el banquillo de los acusados. Se le imputa haber recibido pagos ilícitos a cambio de adjudicar contratos para la reforma de edificios oficiales.
Según la investigación, entre 2015 y 2018 el general, haciendo uso de su posición, impulsó la descentralización de la financiación, permitiendo que los mandos otorgaran directamente pequeños contratos de obras. Posteriormente, habría recomendado a los responsables de unidades elegir a un contratista concreto: el empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido también como Mon. Precisamente a las empresas de este empresario se les asignaron trabajos para eliminar problemas de humedad en las fachadas de varias casas cuartel en todo el país.
Como resultado, las empresas Canarycork S.L., Angrasoscur S.L. y Solocorcho S.L., vinculadas a este empresario, recibieron adjudicaciones por un valor superior a dos millones de euros. Los trabajos abarcaron comandancias en A Coruña, Alicante, Albacete, Cádiz, Badajoz, Castellón, Jaén, Huelva, Murcia, Valladolid, Ávila y en Tenerife. Sin embargo, surgieron numerosas irregularidades: el contratista carecía de la capacitación necesaria y la tecnología utilizada agravó los problemas de impermeabilización.
Detalles de la acusación y los supuestos beneficios
Según la acusación, por favorecer los intereses del contratista, el general recibió no solo dinero en efectivo —unos 45.700 euros—, sino también el pago de lujosos viajes. Entre ellos, entradas para las finales de la Liga de Campeones en Milán y Cardiff, vacaciones familiares en Cádiz y Lanzarote, así como el pago parcial de una propiedad y accesorios para el hogar en Madrid. Todas estas partidas de gastos, según los investigadores, se camuflaron como gastos personales o servicios mutuos.
El propio acusado insiste en que no recibió regalos y que reembolsó todos los gastos, pero los documentos del caso y las auditorías financieras realizadas por el servicio interno de la Guardia Civil apuntan lo contrario. Durante la investigación también se estudiaron posibles casos de abuso de poder, falsificación de documentos y malversación, pero finalmente el tribunal limitó la acusación al delito de cohecho.
Escenario judicial y posibles consecuencias
Junto al general, también se sentará en el banquillo el empresario, quien ya estuvo implicado en otro caso de corrupción. Ambos se enfrentan a hasta un año de prisión. El juicio contará con jurado popular en Madrid, aunque la fecha de la vista aún no ha sido anunciada.
Este proceso podría convertirse en uno de los más mediáticos en la historia reciente de las fuerzas de seguridad españolas. Vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia en las contrataciones públicas y la responsabilidad de altos cargos por el uso de su puesto para beneficio propio.
