El pasado jueves, agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional llevaron a cabo un registro en una nave industrial de la localidad de Petrer, en la provincia de Alicante. Esta instalación está relacionada con el empresario Julio Martínez Martínez, quien fue detenido en el marco de la investigación sobre las actividades de la aerolínea Plus Ultra y las sospechas de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Ese mismo día, la policía realizó también registros en la oficina de la aerolínea en Madrid.
Junto a Martínez Martínez fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el director ejecutivo Roberto Rosselli y un abogado que representa a un despacho internacional. La investigación sostiene que Martínez Martínez ocupa un papel clave en la supuesta trama de blanqueo de fondos procedentes de Venezuela.
Red de empresas
Según la investigación, Martínez Martínez está vinculado a numerosas compañías registradas en la misma dirección, en el polígono industrial de la calle La Carrasqueta, en Alicante. El registro mercantil indica que ha ocupado cargos directivos en 50 empresas, de las cuales más de veinte siguen operando. Muchas de estas sociedades no cuentan con empleados y se dedican a actividades que varían desde la gestión inmobiliaria hasta el desarrollo de software y el sector agroindustrial.
Entre ellas se encuentran Zenzap S.L., Pickashop, Merida Capital, Zenebtimar y Agropecuaria Lucena. Además, Martínez Martínez es administrador de Voli Analítica, especializada en intermediación en el sector del transporte aéreo, igual que Plus Ultra. En 2022, la sede social de esta empresa estaba en la ciudad de Vera (Almería), pero posteriormente fue trasladada a la misma nave industrial en Alicante.
Registros y nuevos implicados
Además del almacén, la policía llevó a cabo registros en varios apartamentos vinculados a Martínez Martínez y sus empresas. Una de las firmas, Análisis Relevante S.L., fue anteriormente cliente de la agencia propiedad de las hijas del ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
Los investigadores señalan que hasta hace poco, Martínez Martínez permanecía en la sombra y no era una figura pública. Ahora, sus actividades están siendo examinadas minuciosamente debido a sospechas de crear una red de empresas destinadas a ocultar operaciones financieras reales.
La pista venezolana
La jueza Esperanza Collazos y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que se trata de un esquema a gran escala para blanquear fondos procedentes de desfalcos en Venezuela. En concreto, se trata de dinero desviado de programas estatales de distribución de alimentos (CLAP) y de la venta de oro por parte del banco nacional.
Según la investigación, el apoyo estatal a Plus Ultra por valor de 53 millones de euros, otorgado en 2021, podría haber sido utilizado para devolver préstamos vinculados al blanqueo de capitales. La fiscal Elena Lorente señala que, poco después de recibir la ayuda pública, la aerolínea transfirió cantidades significativas a cuentas en el extranjero pertenecientes a empresas de la presunta red delictiva. Esto podría indicar un uso indebido de los fondos públicos aprobados por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.
Repercusión política
La decisión de conceder los fondos a Plus Ultra generó una amplia polémica política y social. En 2022, los partidos Vox y Partido Popular (PP), junto con la organización Manos Limpias, impulsaron una investigación sobre las circunstancias de la ayuda pública. Sin embargo, el caso fue archivado por un error procesal: la jueza no prorrogó a tiempo el plazo de la investigación y el representante de Plus Ultra no fue citado a declarar. Como resultado, la investigación se suspendió sin conclusiones definitivas.
El Gobierno justificó el apoyo a la aerolínea por su importancia estratégica para la economía española y sus conexiones con Latinoamérica. No obstante, peritos designados por el tribunal señalaron que Plus Ultra ya estaba al borde de la quiebra desde 2019, lo que ponía en duda su derecho a recibir ayudas públicas.
Continuación de la investigación
Dado que el caso anterior fue instruido por el Juzgado número 15 de Madrid, la nueva investigación, relacionada con las mismas personas y circunstancias, también quedó a cargo de la jueza Collazos. Ella abrió una pieza separada para analizar los nuevos hechos vinculados a la actividad de Plus Ultra y las empresas relacionadas. Todos los detenidos fueron puestos en libertad con la obligación de no salir del país, y la investigación continúa bajo secreto sumarial.
