
En los últimos años, España enfrenta una grave escasez de vivienda asequible. Con el rápido aumento de los precios del alquiler y el crecimiento del número de familias que requieren ayuda, el programa estatal de construcción de viviendas de protección oficial (VPO) prácticamente se ha paralizado. Esto provoca que cada vez más españoles queden excluidos del mercado inmobiliario.
En las décadas de 1980 y 1990, las viviendas VPO eran una de las principales herramientas para garantizar el acceso a la vivienda para amplios sectores de la población. En aquel entonces, cada año salían al mercado decenas de miles de estas viviendas, lo que permitía a muchas familias comprar o alquilar viviendas a un precio fijo, independiente de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, la situación ha cambiado: en 2024 en España se entregaron solo 14.371 VPO, un 80% menos que hace treinta años.
La reducción en la construcción de VPO coincidió con una desaceleración general en la puesta en marcha de nuevas viviendas. En los últimos treinta años, el número de viviendas terminadas en el mercado se ha reducido casi a la mitad. Esto ha acentuado el desequilibrio entre la oferta y la demanda, influyendo directamente en los precios de alquiler y compra de viviendas. Como resultado, para muchos españoles la búsqueda de una vivienda a precio razonable se ha vuelto prácticamente imposible.
La particularidad de las VPO es que su estatus está limitado en el tiempo: entre 10 y 30 años después de su entrega, la vivienda pierde la protección y su precio pasa a ser de mercado. Esto significa que incluso las pocas viviendas que aún quedan disponibles, van desapareciendo paulatinamente del mercado. En Cataluña, por ejemplo, decenas de familias que residen en este tipo de viviendas han iniciado una huelga de inquilinos, exigiendo a las autoridades que mantengan su estatus como vivienda asequible.
Según los últimos datos, en 2023 casi medio millón de personas figuraban en los registros de solicitantes de VPO, mientras que salieron al mercado menos de 9.000 viviendas nuevas. En Cataluña, había más de 200 aspirantes por cada vivienda disponible. Esta situación se observa en todo el país, especialmente en las grandes ciudades y en la costa, donde la demanda de vivienda es tradicionalmente alta.
El problema se agrava por el hecho de que incluso las nuevas VPO son cada vez menos accesibles. En los últimos veinte años, el precio medio por metro cuadrado en este tipo de vivienda ha subido un 28%, y en algunas regiones, el precio de las VPO ya supera al de la vivienda libre. En Sevilla, por ejemplo, los nuevos pisos con precio limitado se venden por entre 200.000 y 350.000 euros, lo que ha provocado protestas entre los vecinos.
Al mismo tiempo, la proporción de vivienda social en España sigue siendo una de las más bajas de Europa: solo el 3,4% del total de pisos se alquilan a un precio inferior al de mercado. En comparación, en Francia, Suecia y los Países Bajos este indicador supera el 15%. A pesar de las declaraciones de los políticos sobre planes para construir cientos de miles de nuevas VPO, el ritmo real de construcción sigue siendo insuficiente para resolver la crisis de la vivienda.
La inversión pública en el desarrollo de vivienda accesible también está muy por debajo de los estándares europeos. En los últimos años, el gasto anual medio por habitante destinado al apoyo del sector residencial en España ha sido de 34 euros, mientras que en Francia y Alemania estas cifras son varias veces superiores.
Para muchos españoles, la VPO sigue siendo la única oportunidad de acceder a una vivienda propia o alquilar un piso a un precio razonable. Sin embargo, la reducción del número de estos pisos y el aumento de su precio hacen que esta posibilidad sea cada vez más inalcanzable. Como resultado, miles de familias se ven obligadas a buscar alternativas: mudarse a regiones menos demandadas o alquilar habitaciones en lugar de viviendas independientes.
Mientras las autoridades debaten nuevas medidas de apoyo, la situación en el mercado de la vivienda continúa deteriorándose. Si la tendencia se mantiene, la vivienda asequible en España podría volverse definitivamente una rareza y el problema habitacional una de las principales cuestiones sociales del país.











