En la capital de España se intensifica un nuevo escándalo en torno a una campaña callejera dirigida contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Las autoridades judiciales de Madrid han ordenado que una unidad especializada de la policía investigue si siguen colocando mensajes provocadores que califican al líder del país de corrupto.
Todo comenzó en mayo, cuando en la fachada de un edificio frente al Congreso de los Diputados apareció una enorme pancarta con la imagen de Sánchez y una acusación de corrupción. En el cartel también se enumeraban sonados casos relacionados con el entorno más cercano del presidente, desde su esposa hasta su hermano, así como otras investigaciones de alto perfil que afectan al gobierno.
Tras la orden judicial de retirar la polémica pancarta, los activistas no se detuvieron. Nuevos carteles comenzaron a aparecer en la ciudad, junto a mensajes proyectados en las fachadas con luz. Además, camiones con consignas similares circularon por las calles de Madrid. Todas estas acciones tuvieron amplia repercusión en los medios y despertaron la preocupación de la fiscalía.
A finales de septiembre, la fiscalía de delitos de odio insistió en esclarecer si la campaña sigue en marcha. Los investigadores también solicitaron material fotográfico reunido por los forenses y la declaración de uno de los responsables de la organización detrás de la iniciativa.
Una orden judicial firmada la semana pasada ordena a la policía no solo comprobar si continúa la difusión de estos mensajes, sino también identificar a las personas responsables de los vehículos utilizados para ese fin. Se pone especial énfasis en identificar a quienes están detrás de la organización y coordinación de la campaña.
El equipo encargado de la investigación está especializado en combatir movimientos radicales y amenazas terroristas. Normalmente actúan bajo un estricto secreto, pero esta vez el caso ha cobrado relevancia pública ya que involucra a los altos cargos del poder.
En la causa figura como perjudicado el propio Pedro Sánchez. El tribunal ha aceptado parcialmente la solicitud de la fiscalía, que anteriormente había exigido procesar a uno de los líderes del movimiento organizador de la protesta.
