En España se intensifica una nueva disputa entre el gobierno central y las Islas Canarias sobre el destino de menores extranjeros que buscan asilo. El Tribunal Supremo ha impuesto una condición estricta al ejecutivo: en un plazo de dos semanas, debe concluirse el proceso de acogida de estos niños que actualmente permanecen en el archipiélago.
Anteriormente, ya en primavera, la justicia había ordenado a Madrid asumir la responsabilidad de alojar y proteger a cerca de mil menores que llegaron a Canarias sin compañía de adultos. Sin embargo, tras más de medio año, las autoridades regionales vuelven a dar la voz de alarma: según afirman, el traslado avanza demasiado lento y la carga sobre los servicios locales sigue siendo excesiva.
Es la tercera vez que el tribunal recuerda al gobierno la obligación de cumplir el mandato. En marzo, los funcionarios tenían diez días para organizar la acogida de los menores, pero los plazos no se cumplieron. Ahora los jueces no ocultan su enfado: consideran que la situación ha llegado demasiado lejos y exigen el cumplimiento inmediato de la resolución, sin más excusas.
En agosto comenzaron los primeros traslados de menores a la península, pero a finales de octubre sólo 191 niños habían sido trasladados desde las islas. Casi novecientos más siguen bajo la tutela de las estructuras regionales. Las autoridades canarias insisten en que no pueden hacer frente solas a este flujo y esperan acciones concretas por parte de Madrid.
La cuestión de la distribución de la responsabilidad sobre los menores refugiados se ha convertido en uno de los temas más delicados en las relaciones entre el gobierno central y las autonomías. La presión judicial sobre el Ejecutivo aumenta, y ahora dispone de solo 15 días para revertir la situación. De lo contrario, podrían surgir nuevas consecuencias jurídicas y políticas que afectarían no solo a Canarias, sino a todo el sistema de acogida de migrantes en España.
