El escándalo desencadenado por el casi gratuito alquiler al que accedió el príncipe Andrés para su lujosa residencia sigue creciendo y amenaza con salpicar a otros miembros de la familia real británica. El Parlamento del Reino Unido ha iniciado una investigación oficial sobre todos los contratos de arrendamiento de propiedades pertenecientes a la Corona. La indignación pública provocada por las condiciones de residencia del hermano del rey Carlos III en Royal Lodge ha puesto el foco sobre uno de los privilegios históricos de la realeza, que durante décadas han ocupado palacetes sin coste alguno o por una suma simbólica como concesión real. Hoy en día, parte de estos inmuebles sigue siendo propiedad de la Corona, pero otros son gestionados por el Estado, lo que significa que su mantenimiento recae sobre los contribuyentes.
El caso de la «Caja de Pandora»
La auditoría parlamentaria, ya bautizada como la «Caja de Pandora» por sus imprevisibles consecuencias, también afectará a los contratos de alquiler de la nueva residencia familiar del príncipe y la princesa de Gales, Forest Lodge, en el Gran Parque de Windsor. Otro de los bienes bajo examen será la mansión del duque y la duquesa de Edimburgo en Bagshot Park, condado de Surrey. La investigación del Comité de Cuentas Públicas arrancó después de que la propia Corona elaborara un informe sin precedentes para la monarquía británica sobre el patrimonio real.
Según este documento, se supo que Royal Lodge, la residencia en la que el príncipe Andrés ha vivido durante décadas, se encuentra en estado deplorable. Esto podría costarle la compensación de 500.000 libras esterlinas que el rey estableció por su mudanza anticipada. Al mismo tiempo, el informe señala que William y Kate pagan una renta ‘de mercado’ por su nueva residencia.
Una cuota simbólica por el lujo
En cuanto a los duques de Edimburgo, Eduardo y Sofía, ya en 2007 acordaron realizar un pago inicial de cinco millones de libras para luego residir en su palacio de Bagshot Park sin abonar alquiler alguno. Cada vez hay más voces en la sociedad que se preguntan por qué el príncipe Eduardo y su esposa ocupan una residencia de 120 habitaciones, mientras que Crown Estate podría alquilarla en el mercado abierto y generar ingresos para el erario. La pareja firmó un contrato por 150 años tras el pago único. Este acuerdo permite al duque de Edimburgo pagar una ‘renta mínima’, cuyo importe no se divulga y que históricamente se ha fijado para miembros de la familia real.
El informe también menciona a otros familiares del rey. Por ejemplo, la princesa Alexandra, prima hermana de Isabel II, paga solo 225 libras al mes por su residencia en Richmond Park, al sur de Londres.
Escándalo del príncipe Andrés
El príncipe Andrés tiene derecho legal a permanecer en Royal Lodge hasta octubre del próximo año, aunque es probable que se mude mucho antes. El segundo hijo de la reina Isabel II acordó pagar un «peppercorn», una expresión inglesa para referirse a un pago simbólico, por la mansión de 30 habitaciones donde ha vivido los últimos veinte años con su exesposa Sarah Ferguson. Esta revelación conmocionó a la opinión pública británica y desató un gran escándalo.
El ex duque de York fue despojado de todos sus títulos reales, incluido el de «príncipe», después de conocerse que mintió en una entrevista con la BBC sobre el fin de su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein. Fue entonces cuando salieron a la luz los detalles de su contrato de alquiler y el rey presionó a Andrés para que abandonara la residencia lo antes posible. Cada nuevo detalle que surgía sobre su contrato resultaba más preocupante. El contrato de alquiler, firmado en 2003 por 75 años, le exigía pagar un millón de libras por adelantado e invertir 7,5 millones en reformas antes de que entrara en vigor el alquiler simbólico de «una pepita de pimienta».
Defender los intereses de los contribuyentes
Sin embargo, la investigación parlamentaria no se detiene ahí. El comité, integrado por representantes de todos los partidos, pretende esclarecer todos los detalles sobre los contratos de alquiler de Crown Estate para determinar si los intereses de los contribuyentes han estado debidamente protegidos. No se incluirán en la investigación las residencias privadas, como Highgrove House y Gatcombe Park, donde vive la princesa Ana, ni las denominadas “casas de gracia y favor” que concede el rey. Sin embargo, todos los demás acuerdos de alojamiento real serán expuestos al público.
A modo de comparación, los príncipes de Gales tienen un contrato de arrendamiento no transferible de 20 años a precio de mercado. William ha declarado que espera que esta sea su residencia permanente. Forest Lodge está valorada en aproximadamente 16 millones de libras, y su alquiler puede oscilar entre 32.000 y 100.000 libras al mes. Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha hecho comentarios sobre la investigación.
Cabe señalar que Crown Estate (que se traduce como «Propiedad de la Corona») es el conjunto de tierras y propiedades en el Reino Unido que pertenecen al monarca británico como soberano, no como individuo privado. La gestión de esta cartera inmobiliaria está a cargo de una organización comercial independiente. Los ingresos de Crown Estate no son propiedad personal del monarca, sino que se transfieren al Tesoro de Su Majestad. A cambio, la familia real recibe una «Subvención Soberana» anual para financiar sus obligaciones oficiales.
