La sociedad española ha sido testigo nuevamente de un enfrentamiento público entre la justicia nacional y altos cargos de Guinea Ecuatorial. En esta ocasión, las principales figuras implicadas en el caso de secuestro y tortura de opositores residentes en España han vuelto a ignorar la citación judicial. Este hecho no solo socava la confianza en los mecanismos internacionales de justicia, sino que también pone en duda la capacidad para responsabilizar a funcionarios extranjeros acusados de delitos graves.
En el centro del caso se encuentra Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, junto a otros dos altos funcionarios, actualmente en busca y captura internacional. Su negativa a colaborar con la investigación española sobre terrorismo, secuestro y torturas ha generado gran repercusión y se ha convertido en una nueva prueba para el sistema judicial español.
Interrogatorio frustrado
El intento de realizar el interrogatorio por videollamada fracasó: los acusados no se presentaron de nuevo, pese a la reiterada invitación del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Es la segunda vez que los implicados en la causa desoyen los requerimientos de la justicia española. Además, en esta ocasión intervino la propia sala judicial, cancelando la posibilidad de interrogarles por videoconferencia y subrayando que dicho procedimiento no garantiza una verdadera sujeción a la jurisdicción española.
La decisión judicial mantuvo en vigor las órdenes internacionales de detención y el auto de prisión preventiva. Ahora, cualquier acción adicional solo será posible tras la detención efectiva de los sospechosos y su comparecencia personal ante el tribunal en España. Esta resolución representó un giro inesperado que, en la práctica, congeló el proceso y puso en duda su desarrollo futuro.
Presión política
La situación se complicó tras la declaración pública del vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodorín Nguema Obiang, quien rechazó categóricamente la posibilidad de que miembros del gobierno de su país participen en el proceso judicial español. En un mensaje en redes sociales, recalcó que todos los representantes del poder en Guinea gozan de inmunidad y no pueden ser perseguidos penalmente en el extranjero.
Esta declaración tuvo consecuencias inmediatas: el abogado de los acusados notificó oficialmente al tribunal que sus clientes no prestarían declaración y solicitó la cancelación del interrogatorio previsto. Como motivo, argumentó las recientes intervenciones del abogado de las víctimas en el parlamento español, donde se debatieron violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial.
Maniobras legales
El intento de la defensa de lograr el interrogatorio por videoconferencia, a pesar de la firme postura de las autoridades de Guinea, causó sorpresa entre la oposición y los observadores. Anteriormente, el gobierno de dicho país había declarado en reiteradas ocasiones que no reconoce la competencia de los tribunales españoles y había prohibido a sus funcionarios participar en procesos similares. En marzo de 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea envió una nota oficial a España en la que se negó explícitamente a reconocer la jurisdicción de los tribunales españoles sobre este caso.
Juristas consideran que la iniciativa del abogado defensor podría haber sido un intento de acelerar el cierre del caso, ya que la realización formal del interrogatorio es un requisito indispensable para poner fin a la investigación. Sin embargo, durante los cuatro años de instrucción, la jueza y la fiscalía han enfrentado repetidos intentos de retrasar o archivar el proceso, lo que ha incrementado las sospechas de maniobras para eludir responsabilidades.
El caso del secuestro
Los principales implicados en la causa —Carmelo Ovono Obiang, Nicolás Obama Nchama e Isaac Ngema Ondo— se encuentran en busca y captura internacional desde que, hace casi tres años, se negaron por primera vez a acudir a un interrogatorio. Se les acusa de secuestrar y torturar a cuatro opositores que residían en España en 2019 en la capital de Sudán del Sur, Yuba. A las víctimas las engañaron simulando una cita en el avión presidencial y las llevaron a Bata, donde fueron juzgadas y condenadas por intento de golpe de Estado.
Uno de los secuestrados, Julio Obama, falleció en prisión a causa de torturas. El Parlamento Europeo exigió por unanimidad la devolución de su cuerpo y condenó las acciones del gobierno de Teodoro Obiang. Hasta la fecha, se desconoce el paradero del cuerpo de la víctima, mientras que los demás afectados siguen luchando por justicia.
Giros inesperados
La muerte de Julio Obama se produjo poco después de que el juez Pedraz se negara a detener a Carmelo Ovono Obiang, quien se encontraba en Madrid en ese momento. En lugar de arrestarlo, le entregaron la acusación formal, a pesar de que anteriormente el juez había solicitado su detención y la incautación de su teléfono móvil. Hasta ahora, las causas del cambio de postura del magistrado no han sido explicadas de manera oficial.
Un testigo que estaba en la misma prisión confirmó que, tras el regreso del hijo del presidente a Guinea Ecuatorial, los cuatro opositores sufrieron nuevas torturas. Carmelo Ovono abandonó España esa misma noche y no ha vuelto, a pesar de tener permiso de residencia, estar casado con una ciudadana española y contar con importantes activos en el país.
En los últimos años, España se enfrenta a varios casos mediáticos relacionados con la negativa de funcionarios extranjeros a colaborar con la justicia nacional. Estas situaciones generan intensos debates sobre los límites de la jurisdicción, las órdenes internacionales y la eficacia de la extradición. Se recuerda cómo el año pasado un juez se negó a reabrir un caso contra una figura política conocida, lo que desató un debate sobre la transparencia y la independencia del sistema judicial. Más detalles sobre cómo las decisiones inesperadas de los jueces pueden incidir en el rumbo de asuntos de alto perfil, en el reportaje «El juez se negó a reabrir el caso contra Cospedal: giro inesperado en el caso Villarejo».
