La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España sorprendió a muchos ciudadanos del país. Dos destacados procedimientos disciplinarios contra jueces, cuyas declaraciones públicas provocaron una fuerte reacción social, fueron archivados. Este hecho impacta directamente en la confianza hacia el sistema judicial y en la relación entre la justicia y la política en España.
En el centro de la polémica estuvo el juez Manuel Ruiz de Lara, quien, en la red social ‘X’, acusó al presidente Pedro Sánchez de intento de golpe de Estado y se expresó de manera desfavorable sobre su esposa, Begoña Gómez. El segundo caso involucró al juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, quien, durante un acto público, criticó de forma contundente la gestión de la exministra Irene Montero. Ambos casos generaron amplio debate social y suscitaron comentarios en círculos profesionales.
Decisión de la comisión
Según informa El Confidencial, la comisión disciplinaria del CGPJ decidió, por mayoría, archivar ambos expedientes. Varios miembros de la comisión manifestaron su desacuerdo presentando un voto particular. En el caso del juez Velasco, la investigación se abrió por sus palabras sobre la ley “solo sí es sí” y las críticas dirigidas a Montero, relacionando su trayectoria con antiguos trabajos en un supermercado.
La reacción a estas declaraciones no se hizo esperar: la exministra respondió públicamente al juez, recordando la necesidad de respetar la ley y de recibir la formación especializada exigida por los estándares internacionales. Finalmente, aunque se propuso imponer una sanción de hasta 6.000 euros, la comisión optó por no aplicar ninguna medida.
Repercusión social
En España, este tipo de decisiones suele generar debates tanto entre juristas como entre ciudadanos de a pie. Muchos interpretan estos casos como una muestra de posibles dobles raseros o falta de transparencia en la actuación judicial. Al recordar otros asuntos mediáticos, es evidente que la justicia y la independencia de los jueces son temas recurrentes en los medios y en las redes sociales.
Ha llamado especialmente la atención que el impulsor de la queja contra la jueza Velasco haya sido un ciudadano común, y no un político o un colega del sector. Esto pone de manifiesto la sensibilidad con la que la sociedad percibe las declaraciones de miembros del poder judicial. En situaciones similares, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo fue centro de polémicas por cuantiosos gastos judiciales, como ocurrió cuando la fiscalía solicitó anular un cobro de casi 80.000 euros, la reacción social también fue dividida.
Contexto y consecuencias
Según El Confidencial, la fiscalía respaldó la decisión de archivar el caso contra Velasco, mientras que quien impulsó el proceso disciplinario propuso una sanción económica. En ambas situaciones, la comisión disciplinaria optó por no imponer castigo, lo que podría sentar un precedente de cara a futuras investigaciones similares.
En los últimos años, en España se han multiplicado los casos en los que jueces y representantes de las autoridades se ven envueltos en escándalos debido a sus declaraciones públicas o decisiones. Estas situaciones generan debates sobre los límites del comportamiento aceptable y la responsabilidad ante la sociedad. Los fallos en estos casos suelen ser un reflejo del sentir social y de la confianza en las instituciones.
Recordando hechos recientes, cabe destacar que los expedientes disciplinarios contra jueces en España no son poco frecuentes. En 2025, se debatió el caso de un juez sancionado por comentarios hacia políticos, y en 2024, la opinión pública siguió de cerca la cuestión de la transparencia en los gastos judiciales. Estas historias demuestran que los temas de independencia y responsabilidad de los jueces siguen siendo relevantes y de gran interés para los españoles.
