A finales de octubre de 2024, la Comunidad Valenciana fue escenario de una tragedia: una riada arrasó viviendas, coches y negocios, y se cobró la vida de seis personas. Un año después del desastre, más de cuatrocientas víctimas han decidido buscar justicia por la vía judicial. Han presentado una demanda colectiva contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el gobierno autonómico, exigiendo una indemnización por daños materiales y morales.
La iniciativa del recurso partió de la asociación vecinal L’Horta Sud, la zona más afectada por la catástrofe. Entre los demandantes figuran no solo propietarios de casas y vehículos destruidos, sino también familiares de las víctimas mortales y personas heridas. En total, se trata de 418 demandantes que representan los intereses de más de 150 familias. Según sus cálculos, los daños ascienden a 58 millones de euros, cantidad que reclaman a ambas administraciones.
Motivos de la demanda: ¿qué dejaron de hacer las autoridades?
El principal argumento de los afectados es la falta de medidas a tiempo para prevenir la catástrofe. Consideran que las autoridades no completaron las obras necesarias para fortalecer y limpiar cauces de ríos y canales, ni alertaron adecuadamente a la población sobre el riesgo inminente. Las críticas se centran especialmente en la Confederación Hidrográfica del Júcar, que según los demandantes no cumplió con sus obligaciones de drenaje ni de refuerzo de las orillas. Además, la alerta de emergencia a través del sistema ES-Alert se emitió con retraso, agravando las consecuencias del desastre.
Como consecuencia del temporal, más de cien viviendas quedaron total o parcialmente destruidas, 102 vehículos resultaron dañados y 12 locales comerciales sufrieron desperfectos. Muchas familias aún no logran recuperar la normalidad y algunos de los afectados siguen recibiendo tratamiento por lesiones físicas. Los familiares de las víctimas y perjudicados destacan que el daño moral ha sido tan grave como el material.
Matices legales y posibles obstáculos
La denuncia colectiva fue presentada por vía administrativa, lo que otorga a las autoridades un plazo de seis meses para responder oficialmente. Si pasado ese tiempo no se cumplen las demandas, la asociación tiene previsto llevar el caso ante el tribunal de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, el proceso podría prolongarse: en situaciones similares, como la tragedia en el camping de Biescas en 1996, los afectados esperaron años hasta obtener una resolución. En aquella ocasión, las compensaciones solo se abonaron tras el cierre de la investigación penal, aunque no se impusieron sanciones a los responsables.
En el contexto actual, las autoridades podrían intentar paralizar la tramitación de la demanda hasta que concluyan las pesquisas sobre las muertes y los daños a la salud. Esto implicaría que las indemnizaciones a los afectados quedarían en suspenso indefinido. Sin embargo, los abogados que representan a los vecinos confían en que existen motivos sólidos para reclamar compensaciones, ya que se trata de irregularidades en la gestión de los organismos públicos.
Reacción social y repercusiones políticas
Durante la audiencia pública de la demanda, representantes de la asociación explicaron que muchas familias aún no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades. La ausencia de acciones concretas para restaurar la infraestructura y compensar los daños se percibe especialmente grave. Ante este descontento, crecen las críticas hacia el gobierno regional, especialmente hacia el presidente Carlos Mazón, quien, pese a las peticiones, solo asistió a la ceremonia luctuosa en el Museo de las Ciencias. Algunos vecinos consideran que sus gestos son únicamente un intento de mejorar su imagen y no una ayuda real a los afectados.
Mientras las autoridades prometen ofrecer aclaraciones sobre la situación, los habitantes de L’Horta Sud no piensan rendirse. Insisten en que el Estado y la región tienen la obligación de compensar los daños causados no solo por el desastre natural sino también por la falta de previsión ante el mismo. El tema de las indemnizaciones sigue sin resolverse, y el futuro de cientos de familias depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
