En Cataluña, a pesar del crecimiento económico, la desigualdad social no deja de aumentar. Para miles de familias, tener trabajo o recibir ayudas básicas no garantiza salir de la pobreza. El problema es especialmente grave en los hogares con niños, donde la situación se vuelve crítica.
Estudios recientes muestran que dos tercios de las familias con menores a cargo que perciben la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) siguen viviendo en situación de extrema necesidad. Las mujeres, principales receptoras de esta ayuda, se enfrentan a obstáculos añadidos. Su vulnerabilidad no solo tiene causas económicas, sino también responde a factores estructurales, ya que sobre ellas recae la mayor parte del cuidado familiar.
Las familias con hijos, en el punto de mira
El análisis de los últimos años revela una tendencia alarmante: mientras que en los hogares sin hijos solo unos pocos siguen en pobreza severa tras percibir el subsidio, en las familias con menores este porcentaje asciende al 66%. Las familias numerosas son las más afectadas, ya que la cuantía de las ayudas no cubre ni siquiera las necesidades básicas. Como resultado, más de 167.000 menores en la región subsisten con menos de 700 euros mensuales por unidad familiar.
Los índices de pobreza infantil en Cataluña superan notablemente la media europea. Uno de cada cuatro niños crece aquí por debajo del umbral de pobreza, y el nivel de precariedad extrema entre menores casi duplica la media europea. El sistema de ayudas no da abasto: el monto de las prestaciones no crece proporcionalmente al número de hijos y la confusión entre diferentes tipos de subsidios solo agrava la situación.
Mujeres y mercado laboral: un círculo vicioso
Las mujeres que reciben la RGC suelen caer en una trampa: el miedo a perder la ayuda les impide buscar trabajo. Esto provoca que muchas no logren acceder al mercado laboral y, en consecuencia, no puedan mejorar la situación económica de su familia. Los intentos de reformar el sistema avanzan lentamente y, por ahora, los cambios no abordan los problemas de fondo.
Las autoridades catalanas prometen que las prestaciones serán más flexibles y compatibles con otras ayudas, facilitando así la transición hacia la autonomía. Sin embargo, los sindicatos y organizaciones sociales consideran que estas medidas son insuficientes y exigen acciones urgentes para apoyar a los grupos más vulnerables.
Problemas de cobertura y perspectivas de reforma
Desde la implantación de la RGC en 2017, se esperaba que la ayuda llegara a todos los necesitados. Sin embargo, en la práctica la cobertura sigue siendo baja: menos de la mitad de los beneficiarios potenciales la reciben realmente. A esto se suma que el número de personas que vive por debajo del umbral de pobreza supera los 1,9 millones, cerca de una cuarta parte de la población catalana.
Desde 2020, la RGC complementa la prestación estatal (Ingreso Mínimo Vital), pero incluso sumadas, estas ayudas rara vez permiten a las familias salir de la pobreza. El importe depende de la composición familiar, pero ni siquiera las cantidades máximas cubren el aumento del coste de la vivienda y los alimentos. Las autoridades prometen revisar los criterios, pero por ahora la situación de la mayoría de las familias con hijos sigue igual.
