En España continúa el debate sobre la situación de los servicios de pago en escuelas que, formalmente, son financiadas por el Estado. Según datos recientes, en Cataluña, Madrid y el País Vasco los padres se enfrentan a las cuotas obligatorias más altas por la educación de sus hijos. En estas regiones, prácticamente todos los colegios exigen pagos mensuales, que en ocasiones superan incluso el coste de algunos centros privados.
En Cataluña, por ejemplo, una escuela de Barcelona pide a los padres más de mil euros al mes. La cuota media aquí también es la más alta del país, rondando los 220 euros. En Madrid y el País Vasco las cifras son algo más bajas, pero siguen superando notablemente la media nacional. En Madrid, por ejemplo, hay colegios donde el pago mensual alcanza los 277 euros.
Los pagos se dividen en varias categorías: una cuota básica, que legalmente no debería ser obligatoria, servicios adicionales como acceso a plataformas educativas, así como opciones optativas —comedor, transporte—. Sin embargo, en la práctica, la cuota básica se exige en casi el 70% de los centros, y en algunos casos los niños pueden ser excluidos de clase si no se paga. Esta situación se da sobre todo en Madrid, donde hasta un tercio de las escuelas aplica este tipo de medidas.
En la última década, la situación solo ha empeorado. No solo aumentaron las cuotas, sino también la proporción de escuelas concertadas que funcionan como empresas. En Madrid, la mitad de estos centros educativos son entidades comerciales, no fundaciones benéficas ni congregaciones religiosas. En estos colegios privados la cuota media es más alta y el riesgo de expulsión por impago es casi nueve veces superior al de las escuelas sin fines de lucro.
Preocupa especialmente una reciente operación: una aseguradora suiza adquirió ocho colegios, siete de ellos ubicados en terrenos municipales y exentos de impuestos locales. Esto ha generado una ola de críticas, ya que dichos centros se benefician de recursos públicos y obtienen ganancias sin pagar impuestos. Expertos hablan de un nuevo modelo de educación ‘público-privada’ donde el beneficio económico prevalece sobre los intereses de alumnos y familias.
Como resultado, aumenta la brecha entre regiones y tipos de centros educativos en todo el país. En los colegios comerciales la cuota media es de 114 euros, mientras que en los religiosos y benéficos es de 74 euros. Así, el debate sobre la justicia y la accesibilidad de la educación en España vuelve al centro de la agenda pública.
