En el sur de Tenerife, en el municipio de Arona, un juez ha ordenado reabrir el caso sobre un importante fraude relacionado con propiedades inmobiliarias de alto valor. La investigación había sido suspendida previamente debido a un error judicial, pero ahora, tras la aparición de nuevos materiales, el proceso se ha reactivado.
El esquema consistía en el uso de poderes notariales falsos, supuestamente emitidos en Rusia. Con estos documentos, los implicados lograron vender once propiedades de lujo sin el conocimiento de los verdaderos propietarios. Además, los estafadores accedieron a las cuentas bancarias de las víctimas utilizando documentos falsificados.
Toda la operación se basaba en la falsificación de documentos notariales rusos y en la manipulación de apostillas. En España, Timoféi Shilov figuraba como vendedor y realizaba las transacciones en nombre de las víctimas, mientras que el comprador era una empresa ficticia, Ramos Royalty, registrada a nombre de otro sospechoso, Ángel Gastón Ramos. Para legalizar las transferencias de dinero, los estafadores incluso inventaron una supuesta sucursal rusa.
En el caso también se menciona a Olesya Rishko, quien intentó retirar fondos de las cuentas de las víctimas utilizando documentación falsa. La notaría rusa niega haber emitido los poderes cuestionados, y el registro ruso de empresas no encontró información sobre la empresa Ramos Royalty LLC. El banco mencionado en los documentos tampoco confirma la apertura de cuentas a los nombres indicados.
El escándalo salió a la luz pública en otoño de 2022, cuando ocho villas en uno de los complejos residenciales de Playa Fañabé (Adeje) fueron ocupadas por nuevos “propietarios” sin el consentimiento de los verdaderos dueños. Para continuar la investigación, el juez solicitó la colaboración de las autoridades rusas para confirmar la falsificación de poderes notariales, pero el proceso se complica debido a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia.
Uno de los afectados, Borís Zhuravlev, informó que se enviaron más de doscientas peticiones a diversas instituciones de España y la UE exigiendo que el caso no se cierre. Considera que este caso debe llamar la atención sobre el problema del fraude inmobiliario.
Actualmente, en Tenerife residen unos 3.700 ciudadanos rusos, la mayoría de los cuales se concentra en las zonas turísticas del sur de la isla, como Arona y Adeje.
