El gobierno de España finalmente ha presentado la tan esperada reforma del sistema de financiación autonómica. Tras prolongadas negociaciones y luchas políticas, el nuevo proyecto resultó ser menos revolucionario de lo que esperaban los partidarios de la independencia catalana. Sin embargo, los cambios prometen redistribuir miles de millones de euros y alterar el equilibrio de poder entre las regiones.
Durante año y medio, socialistas y republicanos catalanes debatieron sobre el futuro de los flujos financieros. Los independentistas catalanes exigían un estatus especial para su región, reclamando un modelo exclusivo similar al «concierto económico» vasco o navarro. Sin embargo, la versión final de la reforma resultó mucho más moderada. Cataluña recibirá recursos adicionales, pero no el control total sobre los impuestos que soñaba ERC.
Contexto político
La crisis en el Govern catalán alcanzó su punto álgido cuando Pere Aragonès se vio obligado a convocar elecciones anticipadas en la primavera de 2024. Su partido, en minoría tras la salida de Junts, no logró aprobar los presupuestos. En julio, los socialistas liderados por Salvador Illa lograron una victoria contundente, asegurando el control de la región clave. Las negociaciones para formar un nuevo gobierno fueron complejas: ERC y Comunes impusieron exigencias estrictas, como un modelo financiero especial y la protección de la lengua catalana.
En julio de 2024, socialistas y republicanos alcanzaron un acuerdo preliminar sobre una “financiación singular” para Cataluña. ERC lo presentó como una victoria, casi equiparándolo al modelo vasco. Sin embargo, en realidad se trataba de un compromiso: Madrid estaba dispuesto a reconocer ciertas particularidades de la región, pero no a otorgarle el control total sobre los impuestos.
Esencia de los cambios
Las demandas iniciales de Cataluña incluían recibir las competencias para recaudar, gestionar y controlar todos los impuestos, así como abonar una cantidad fija al presupuesto estatal. Este planteamiento podría haber transformado radicalmente el sistema actual, ya que Cataluña es una de las regiones más ricas y pobladas. No obstante, el proyecto final se centra más en adaptar el modelo vigente que en cambiarlo por completo.
En lugar de un “concierto” exclusivo, Cataluña dispondrá de más fondos y algunos poderes nuevos, aunque seguirá dentro del sistema común. El modelo contempla aumentar la participación de las autonomías en impuestos clave: ahora podrán recibir el 50% del IRPF y el 56,5% del IVA, además del 58% de los impuestos especiales. Es más que antes, pero no supone una revolución.
Detalles de la reforma
Una novedad importante es la eliminación de los llamados “fondos de cierre”, que a menudo generaban controversia por falta de transparencia. Ahora, la asignación de recursos entre las regiones será más comprensible y la brecha de financiación per cápita debería reducirse a la mitad. Las autoridades aseguran que los nuevos criterios tendrán en cuenta tanto las diferencias entre regiones como las relaciones entre el gobierno central y las autonomías.
Cataluña, como antes, sigue en el centro de la atención. Se le permitirá recaudar parte del IVA generado por pequeñas y medianas empresas, así como recibir fondos del nuevo fondo climático, del cual dos tercios se destinarán a las regiones mediterráneas. Además, para Cataluña se consagra el principio de “ordinalidad”: la región que más aporta al fondo común no debe recibir menos que las demás en el reparto de recursos. Sin embargo, este principio no se aplica a Madrid, que sigue entregando más de lo que recibe.
Ganadores y perdedores
En términos absolutos, Cataluña recibirá casi 4.850 millones de euros adicionales, más que la mayoría de las demás regiones, solo por detrás de Andalucía. Pero también otras zonas tradicionalmente infrafinanciadas, como Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha, notarán un aumento significativo. Sin embargo, no todos están satisfechos: Madrid, pese a ser el principal donante, no recibirá un incremento tan generoso.
Resulta interesante que el anuncio de las reformas coincidiera con cambios políticos: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejará pronto su cargo para presentarse como candidata en las elecciones de Andalucía. ¿Casualidad? Tal vez, pero en la política española estas coincidencias ocurren con sospechosa frecuencia.
Mirada hacia el futuro
La reforma promete un récord de 21.000 millones de euros para las regiones ya en el primer año de aplicación, 2027. Sin embargo, el proyecto aún debe superar el trámite parlamentario, donde se prevén intensos debates. No se descarta que durante la discusión se introduzcan nuevas concesiones o incluso restricciones.
Por ahora, lo único claro es que España da un paso hacia una mayor autonomía financiera para las regiones, pero no está dispuesta a aceptar concesiones radicales. Cataluña consiguió más que antes, pero no todo lo que reclamaba. Las demás regiones tampoco se han quedado al margen y la competencia por los recursos solo se intensifica. Queda por ver quién saldrá beneficiado a largo plazo.
