En España ha resurgido el debate sobre la eficacia del tribunal de jurado. La razón ha sido la noticia de que el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, podría ser juzgado no por jueces profesionales, sino por ciudadanos comunes. Esta decisión ha generado una intensa discusión entre juristas y la sociedad, ya que se trata de un caso muy mediático donde está en juego no solo el destino de una persona, sino también la confianza en el sistema judicial del país.
Muchos se preguntan si nueve personas al azar, sin formación jurídica, son capaces de emitir un veredicto objetivo en un caso complejo. Los defensores del tribunal de jurado aseguran que la ley contempla mecanismos para minimizar la influencia de prejuicios y posibles errores. Por ejemplo, los candidatos son seleccionados cuidadosamente y el juez formula las preguntas que deben responder. Además, los miembros del jurado están obligados a explicar por qué han tomado determinada decisión, lo que facilita la revisión de sus motivaciones.
Sin embargo, los críticos consideran que en casos donde existen complejos entramados económicos o corrupción, es prácticamente imposible comprender la situación sin preparación especializada. Lo comparan con enviar a un curandero en lugar de un médico a tratar una enfermedad grave. Según ellos, los jueces profesionales entienden mejor lo que significa la imparcialidad y asumen la responsabilidad de sus decisiones, a diferencia de los jurados, que no responden por sus errores.
La historia del jurado en España se remonta a la Constitución de 1978, aunque este organismo solo comenzó a funcionar realmente en 1995. Entonces, su implantación fue respaldada por los partidos de izquierda y los nacionalistas, mientras que los conservadores se mostraron escépticos. Desde entonces, los jurados juzgan casos de homicidio, corrupción, abuso de poder y otros delitos. Sin embargo, cada vez que surge un caso de alto perfil, como ahora con Begoña Gómez, el debate sobre la necesidad de reformar o incluso eliminar este sistema vuelve a intensificarse.
Los defensores del jurado destacan que la participación ciudadana en la justicia es una parte importante de la democracia. Aseguran que, incluso en casos complejos, el juez y el fiscal pueden explicar la acusación en términos sencillos. Por su parte, los críticos insisten en que existen demasiados riesgos, especialmente en procesos donde la presión mediática y la opinión pública pueden influir en la decisión. Algunos expertos proponen que el fiscal tenga la potestad de solicitar que los casos especialmente complejos sean remitidos a jueces profesionales para evitar errores.
Las estadísticas muestran que el número de juicios con jurado en España ha fluctuado con el tiempo. A finales de los años 90 se registraban casi 800 al año, pero luego la cifra cayó drásticamente debido a la falta de confianza en este sistema. Actualmente, se celebran unos 350 casos anualmente y el debate sobre su eficacia sigue abierto. La pregunta sobre el futuro del jurado vuelve a estar sobre la mesa y, por el momento, parece no tener una respuesta definitiva.
