En Alcalá de Henares, el personal de un gran centro de acogida temporal señala un notable aumento en el número de menores no acompañados que llegan desde las Islas Canarias. Según indican, las instalaciones, con capacidad para 1.800 plazas, han estado funcionando al límite en las últimas semanas. Para alojar a los recién llegados, es necesario trasladar módulos y colocar carpas adicionales.
Según el personal, actualmente dentro del centro se encuentran unos cincuenta menores, a quienes se les prohíbe salir del recinto. Representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclaran que estas personas permanecen aisladas mientras la Fiscalía de Menores espera los resultados de los exámenes radiológicos para confirmar su edad. El organismo subraya que algunos de los recién llegados intentan hacerse pasar por menores para evitar el traslado a centros de mayor restricción, por lo que es imprescindible una comprobación exhaustiva de la documentación e identidad. Si se confirma el estatus de menor, la responsabilidad sobre su destino recae en las comunidades autónomas.
El personal del centro señala que el principal problema no es solo la sobreocupación, sino también la falta de recursos para mantener el orden. Según indican, el número de vigilantes en turno es insuficiente para controlar la situación, y dentro de la institución se producen regularmente enfrentamientos entre los residentes, además de registrarse casos de comercio de tabaco y drogas, principalmente marihuana. El personal subraya que la presión sobre la infraestructura sigue aumentando y el nivel de conflictividad va en alza.
La mayoría de los alojados en el centro son originarios de países africanos, como Malí, Costa de Marfil, Somalia y Chad. Durante el día, tienen permitido salir del recinto, aunque el regreso está estrictamente regulado. Los empleados apuntan que muchos de los residentes se ven obligados a dedicarse al pequeño comercio para sobrevivir: venden cigarrillos de contrabando, ropa falsificada o drogas, que adquieren en barrios de Madrid, como Lavapiés. Según explican, algunos migrantes sufren presiones por parte de grupos criminales que les exigen el pago de deudas contraídas por el traslado a España, lo que genera un aumento de la violencia.
En los últimos días se han producido varios incidentes en el centro: estalló una pelea entre grupos de Mali y Somalia, y uno de los jóvenes sufrió un episodio psicótico y fue devuelto por la policía tras intentar huir. El personal señala que sus recursos son limitados: solo disponen de esposas para garantizar la seguridad, lo cual resulta insuficiente para prevenir conflictos ante la llegada constante de nuevas personas.
El Ministerio, por su parte, sostiene que el sistema del centro es flexible y capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes. Según sus datos, todavía hay plazas disponibles en la institución, aunque no se revela la cifra exacta. El organismo también asegura que la videovigilancia 24 horas y las inspecciones regulares permiten mantener el control de la situación, y que los casos de hallazgo de sustancias prohibidas entre los residentes son muy poco frecuentes. Según afirman, no se han recibido denuncias oficiales sobre violencia.
Las autoridades municipales de Alcalá de Henares exigieron en la última sesión del pleno municipal el cierre del centro tras un incidente violento en el que estaría implicado uno de sus residentes. Sin embargo, la alcaldesa anunció que el Gobierno tiene previsto aumentar el número de plazas en la institución. Inicialmente, el centro estaba previsto para funcionar unos pocos meses y acoger a 200 personas, pero actualmente alberga a unos 1.800 migrantes desde hace más de un año y medio.
