En Madrid, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decidió liberar bajo fianza a tres implicados en una destacada investigación por corrupción. Se trata de la exsocialista Leire Díez, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso. Todos ellos fueron detenidos esta semana en el marco de una amplia operación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La Fiscalía Anticorrupción, única parte presente en esta fase de la investigación, solicitó medidas cautelares para los sospechosos: comparecencias periódicas ante el juzgado y retirada de pasaportes. El juez no impuso restricciones más severas, ya que la acusación no lo consideró necesario. De los tres, solo Fernández accedió a responder a las preguntas, mientras que Díez y Alonso hicieron uso de su derecho a guardar silencio.
Detalles de la investigación
La operación fue denominada «Leire», en referencia a la primera detenida, conocida en círculos políticos como la ‘fontanera’ de Ferraz. Ella ya está imputada en otro caso en un juzgado de Madrid, donde se la investiga por supuestos intentos de presionar a funcionarios que indagan en la corrupción del gobierno. Sin embargo, la actual detención está relacionada con sospechas de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
El segundo implicado, Vicente Fernández, dirigió anteriormente SEPI tras ser designado por el gobierno de Pedro Sánchez, pero dimitió en 2019 debido a otro escándalo de corrupción relacionado con la mina de Aznalcóllar en Sevilla. Recientemente fue absuelto de ese caso. Fernández es considerado cercano a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El tercer detenido, Anxón Alonso, es conocido por ser socio comercial del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Tras la salida de Fernández de SEPI, lo incorporó a su empresa, Servinabar, que está en el centro de otro caso de corrupción, el caso ‘Koldo’, vinculado al cobro ilegal de comisiones por contratos públicos.
Red de influencias
La investigación apunta a que los miembros del grupo utilizaban sus conexiones en organismos públicos para favorecer a determinadas empresas. Entre ellos están SEPI, donde trabajó Fernández; Enusa, donde Díez estuvo tres años, y Correos, donde se incorporó posteriormente. Entre los sospechosos también figura el exdirector de Enusa, José Vicente Berlanga. En total, más de diez personas están implicadas en el caso.
Según la investigación, los sospechosos actuaban como intermediarios en la adjudicación de contratos, cobrando comisiones ilegales. El dinero pasaba por Servinabar y otras empresas. El alcance real de las actividades del grupo aún no está claro y dependerá de los resultados de los registros e incautaciones de documentos realizados en los últimos tres días.
Acusaciones y registros
La investigación está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. El caso incluye sospechas de abuso de poder, malversación, tráfico de influencias y la creación de una organización criminal. El jueves y el viernes se realizaron registros en las oficinas de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como en SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa. Agentes de la Guardia Civil incautaron documentos también en Correos y en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.
La mañana del sábado, los tres sospechosos fueron trasladados al juzgado en vehículos de la Guardia Civil. La audiencia comenzó con retraso y la primera en declarar fue Leire Díez. El tribunal se limitó a las medidas solicitadas por la Fiscalía y dejó a todos en libertad provisional con la obligación de no abandonar el país.
