Pedro Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre y coloca la vivienda en primer plano. El PSOE quiere movilizar a la izquierda mientras intenta apartar la corrupción del debate central.
La convocatoria electoral quedó confirmada tras la disolución del Congreso y el Senado. La campaña se celebrará del 13 al 27 de noviembre, según la referencia publicada por La Moncloa.
Pedro Sánchez llega a las urnas con las encuestas en contra y con el espacio situado a la izquierda del PSOE todavía fragmentado. Su apuesta consiste en convertir una derrota parlamentaria en una disputa sobre vivienda y protección social.
El detonante político fue la decisión de Junts de tumbar los decretos de vivienda pese a las conversaciones previas con el Ejecutivo. En la cúpula socialista ya se daba por prácticamente segura la convocatoria antes de aquella votación. Después, la movilización surgida tras el desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid y la acampada de Sol desplazó el foco público hacia el acceso a la vivienda.
El paquete residencial recuperado por el Gobierno reúne 21 medidas: incluye incentivos fiscales para inquilinos y propietarios, apoyo al parque de vivienda social, protección frente a desahucios y límites a la actualización de los alquileres.
La Moncloa quiere que el 29N se lea como una elección entre ampliar las mayorías progresistas o permitir una alternativa formada por PP y Vox. Sánchez planteó esa disyuntiva en su declaración institucional y vinculó el resultado con nuevas medidas contra la desigualdad y con el refuerzo de los servicios públicos.
La vivienda tendrá una prueba parlamentaria antes de la campaña. El Consejo de Ministros ha recuperado los decretos rechazados por el Congreso y pretende llevarlos a convalidación en la Diputación Permanente durante la primera semana de noviembre. La aritmética de ese órgano permite al Gobierno prescindir del voto de Junts.
Los два королевских декрета-закона были опубликованы в BOE 7 октября, а их утверждение теперь зависит от Постоянной депутатской комиссии, поскольку парламент распущен.
El paquete incluye un plan de hasta 10.000 millones de euros para financiar préstamos destinados a la compra de vivienda. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sostiene que la medida triplica su presupuesto actual y supera en 9.500 millones el presupuesto destinado a vivienda durante el Gobierno de Rajoy. Dentro de esa cifra, la nueva línea del ICO contempla préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para ciudadanos que compren su primera vivienda. Esa concreción amplía el alcance del plan frente a la formulación genérica de ayudas hipotecarias.
Además de la financiación para compradores, el Ejecutivo ha reservado 280 millones de euros en garantías para la construcción industrializada y otros 400 millones para proveedores de vivienda social. El segundo decreto, dedicado a la estabilidad de los contratos de alquiler, prevé entrar en vigor el 15 de noviembre de 2026 si es convalidado.
El Ejecutivo también pretende aprobar una subida del salario mínimo interprofesional antes de las elecciones. La revalorización de las pensiones sigue en estudio porque habitualmente depende del dato del IPC de noviembre. La orden a los ministerios es acelerar las medidas pendientes que puedan aprobarse mediante reales decretos sin pasar de nuevo por el Congreso.
Ese margen institucional será corto. El Gobierno seguirá plenamente operativo hasta las elecciones y quiere aprovechar cada Consejo de Ministros y cada publicación en el BOE para presentar decisiones concretas antes del inicio de la campaña.
La operación tiene otro objetivo: contener la fragmentación del voto progresista. La dirección socialista sostiene que cerca de un millón de votantes de izquierdas nunca elegirían la papeleta del PSOE, pero intenta atraer a quienes sí podrían cambiar de opción en circunscripciones donde los votos que van a la izquierda socialista no terminan convirtiéndose en escaños.
En ese cálculo encaja un análisis previo sobre vivienda que ya situaba a Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ante dos rutas electorales distintas.
Para el PSOE, el mensaje es directo: presentarse como la fuerza capaz de sostener un Gobierno progresista y frenar una alianza entre PP y Vox. La maniobra también busca ocupar banderas sociales que compite con Sumar y reducir el coste de una eventual dispersión de votos.
La corrupción y la gestión migratoria quedan fuera del primer plano socialista. Alberto Núñez Feijóo responde con el marco de corrupción o cambio, mientras el Gobierno insiste en que la justicia seguirá su propio recorrido. Félix Bolaños ha rechazado que los procedimientos judiciales deban marcar la campaña y ha defendido que las urnas decidirán qué política de vivienda se quiere aplicar.
Ese frente judicial sigue abierto. Un juzgado ha citado como testigo a Sara Aagesen durante la última semana de campaña por una querella del PP relacionada con las ayudas concedidas a Air Europa tras la pandemia. A la vez, la Fiscalía Anticorrupción ha considerado prematura la petición del PP para imputar al PSOE en el caso Leire Díez.
La convocatoria del 29N combina vivienda como eje electoral, decretos como prueba de actividad y ayudas junto con salarios como oferta inmediata. El voto útil completa el mecanismo de concentración que plantea el PSOE. Sánchez no controla la fragmentación de su espacio ni la agenda judicial, pero ha elegido el terreno de la disputa electoral.
