El caso relacionado con la esposa del presidente del Gobierno español entra en una nueva fase de enfrentamiento. La defensa de Begoña Gómez rechaza que el posible proceso judicial por malversación se realice con jurado popular. Según los abogados, no se cumple ninguno de los criterios necesarios para este formato.
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un recurso contra la decisión tomada hace una semana por el juez Juan Carlos Peinado. En el escrito se subraya que ni la naturaleza de la acusación ni la condición de los implicados cumplen con los requisitos de la ley de juicios con jurado. Además, la defensa insiste en que las acusaciones contra Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el funcionario Francisco Martín Aguirre carecen de fundamento real.
En el recurso se señala que la correspondencia de Álvarez con representantes de los patrocinadores de la cátedra que Gómez coordinaba en la Universidad Complutense de Madrid no puede considerarse un delito. Según el abogado, tales prácticas son habituales y no exceden los límites de la normalidad social. La defensa sostiene que calificar estos hechos como malversación supone una interpretación excesivamente amplia del Código Penal.
En el año y medio de investigación, el juez Peinado amplió la lista de posibles delitos, añadiendo a las sospechas iniciales de corrupción y tráfico de influencias los cargos de malversación de fondos y ejercicio profesional ilegal. Paralelamente, se realiza una investigación independiente para determinar si hubo irregularidades en la contratación de Álvarez como asistente para trabajar con Gómez. Ambas mujeres, al igual que el Gobierno, rechazan estas acusaciones.
El abogado subraya que Gómez no ocupó cargos relacionados con la administración pública y, por tanto, no cumple con la definición requerida para el delito imputado. Además, según la defensa, el trabajo en la cátedra no le reportó ningún ingreso, lo que descarta por completo el motivo de lucro personal.
Los abogados también señalan que parte de la documentación en la que se basa la acusación les fue entregada solo después de que el juez ya había decidido remitir el caso al jurado popular. Consideran que esto vulnera los derechos de defensa.
Otro argumento es la ausencia de normas claras que regulen las funciones de los asistentes de los cónyuges de los primeros ministros. En España no existe un estatus oficial ni una lista de funciones para estos empleados, lo que, según la defensa, hace que las acusaciones sean aún más controvertidas.
A la apelación de Gómez se sumó también la defensa de Cristina Álvarez. Considera igualmente que la decisión de someter el caso a un jurado popular contradice la postura de la Audiencia Provincial, que anteriormente no apreció indicios de malversación en la actuación de Álvarez.
