En Melilla, agentes de la Policía Nacional realizaron una amplia operación para desmantelar una red dedicada al registro ficticio de ciudadanos extranjeros. Según las autoridades, el objetivo del esquema era facilitar la obtención de permisos de residencia y del Documento Nacional de Identidad a personas que no cumplían con los requisitos establecidos.
La investigación comenzó después de que especialistas en lucha contra la inmigración ilegal y la falsificación de documentos detectaran un fuerte aumento de inscripciones sospechosas en el padrón municipal. La revisión reveló que muchos extranjeros estaban empadronados en domicilios en los que realmente no residían, lo que les permitía tramitar permisos de residencia y otros documentos oficiales necesarios para regularizar su situación en España.
Durante las diligencias, la policía analizó documentación, realizó inspecciones en las direcciones señaladas, tomó declaración a testigos y revisó datos sobre cruces fronterizos. Se constató que en la trama estaban implicados tanto extranjeros como propietarios de inmuebles que accedían a firmar contratos de alquiler ficticios. En algunos casos, intermediarios participaban para facilitar el registro falso.
Como resultado de la operación, 30 personas han sido detenidas, acusadas de falsificación documental y vulneración de los derechos de ciudadanos extranjeros. Los expedientes han sido remitidos a los tribunales de Melilla para su posterior investigación.
La policía señala que este tipo de esquemas no solo infringen la legislación migratoria, sino que también generan riesgos adicionales para la seguridad de la región. El departamento continúa trabajando en la detección de nuevos episodios y en la prevención de este tipo de delitos, colaborando con otros cuerpos de seguridad y organizaciones internacionales.
Melilla, como enclave español en la costa norte de África, sigue siendo tradicionalmente uno de los principales puntos de flujo migratorio. Las autoridades destacan la importancia de controlar el registro de residencia y endurecer las medidas contra los esquemas ficticios para garantizar la transparencia y legalidad de los procesos migratorios.
