España investiga un caso de gran envergadura que involucra a la exmiembro del PSOE Leire Díez y al exdirector de la empresa estatal SEPI, Vicente Fernández Guerrero. Según las pesquisas, entre 2021 y 2023 crearon una compleja red para obtener comisiones ilícitas, aprovechando sus conexiones con funcionarios y organismos públicos. El monto total de las cinco operaciones bajo revisión judicial supera los 132 millones de euros.
De acuerdo con la investigación, los fondos pasaron por la empresa Mediaciones Martínez S.L., y las comisiones obtenidas por la intermediación superaron los 750.000 euros. Los investigadores destacan el papel clave de Vicente Fernández, quien, gracias a su cargo, podía influir en decisiones de organismos estatales. Su nombramiento como director de SEPI en 2018 le facilitó acceso a contactos estratégicos y a oportunidades para maniobras irregulares.
En el caso también aparece un grupo llamado “Hirurok” (que en euskera significa “nosotros tres”); además de Díez y Fernández, lo integraba Joseba Antxon Alonso. Los investigadores vinculan a Alonso con la empresa Servinabar S.L., donde uno de los socios es el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Esta compañía ya figura en otra investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos.
Cinco operaciones bajo sospecha
El tribunal se centró en cinco operaciones vinculadas a empresas controladas por la SEPI. La más significativa fue la asignación de 112,8 millones de euros para el rescate de la compañía Tubos Reunidos S.A. La investigación sostiene que el grupo Hirurok intervino activamente para lograr esta ayuda y, por sus servicios, percibió casi 115.000 euros a través de Mediaciones Martínez.
La segunda operación es un contrato por 18.000 euros otorgado por Mercasa, empresa del sector alimentario. En este caso, los sospechosos supuestamente lograron cambiar el domicilio fiscal de la compañía y Servinabar obtuvo un contrato para elaborar un informe técnico que, según los investigadores, era innecesario y contenía información falsa.
El tercer caso está relacionado con el Parque Empresarial de Asturias (PEPA), donde una agrupación de empresas, incluyendo a Erriberri y Afesa Medioambiente, ganó una licitación por 2,8 millones de euros. Según la investigación, el grupo Díez aseguró la adjudicación para Erriberri, a cambio de una comisión de 400.000 euros.
Vínculos con empresas estatales
La cuarta operación implica a la empresa pública Enusa, donde Leire Díez trabajaba en el departamento de comunicación. Se trata de un contrato con el bufete Carrillo y Montes, firmado durante un periodo en el que Acciona mostró interés por dos instalaciones de Enusa: la planta incineradora de Melilla y el centro de tratamiento de residuos de Castellón. La investigación concluye que el grupo Hirurok gestionó este contrato para obtener un beneficio económico y que Mediaciones Martínez recibió 17.500 euros como intermediaria.
La quinta operación consistió en la concesión de 17,32 millones de euros por parte de Sepides (Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) a la empresa Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia. Según la investigación, los sospechosos influyeron en funcionarios de Sepides para asegurar la concesión de los fondos y, a cambio, recibieron 200.000 euros. Una parte considerable de ese dinero se destinó a la compra de bienes inmuebles en Marbella y Jaca, formalizándose como inversiones conjuntas, mientras que una parte de los fondos se distribuyó individualmente entre los participantes de la trama.
Implicados y detalles
En la causa también figura el exdirector de la empresa pública Enusa, José Vicente Berlanga, considerado persona de confianza del exministro José Luis Ábalos. No fue detenido durante la reciente macrooperación en la que se realizaron 19 registros en todo el país.
La investigación destaca que los integrantes de la trama tomaban precauciones para mantener la confidencialidad de sus actividades. En concreto, Vicente Fernández, que trabajó en Servinabar de 2021 a 2023, recibió de la empresa más de 128.000 euros. Los investigadores están convencidos de que el periodo de actividad delictiva se prolongó por al menos dos años y que la red abarcaba varias regiones del país y diferentes entidades públicas.
