En la Comunidad de Madrid próximamente se elaborará un listado de profesionales sanitarios que han declarado oficialmente su objeción a participar en procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo. Esta medida, contemplada en la ley aprobada en 2023, debe ser implementada ahora por las autoridades autonómicas pese a las discrepancias internas sobre la conveniencia de este paso.
La responsable de la sanidad madrileña, con experiencia en el ámbito de la radiología, no oculta su escepticismo respecto a la nueva iniciativa. A su juicio, este tipo de listados no aportan beneficios y pueden derivar en la estigmatización de los profesionales que deciden no participar en abortos. Destaca que la misión del sistema de salud es proteger los derechos e intereses de todos los trabajadores, con independencia de sus creencias personales.
En 2024, en la comunidad autónoma se registraron más de 18 mil interrupciones voluntarias del embarazo, unos cientos más que el año anterior. A nivel nacional, las cifras también muestran un aumento: el balance anual indica que en España se practicaron más de 106 mil abortos, lo que supone cerca de tres mil casos más que en el periodo previo.
En medio del aumento de este tipo de intervenciones en la región, se ha abierto un debate sobre la prevención de embarazos no deseados y el apoyo a las mujeres que deciden ser madres. La responsable de salud de Madrid señala la falta de medidas integrales en estos ámbitos por parte del Gobierno central. Por su parte, el Ministerio de Sanidad del país recuerda la existencia de una estrategia nacional vigente, que contempla campañas informativas y la distribución gratuita de anticonceptivos.
Además, el Ayuntamiento de Madrid aprobó recientemente una iniciativa propuesta por uno de los partidos políticos para ofrecer información a las mujeres sobre el llamado «síndrome postaborto». Aunque este fenómeno no cuenta con respaldo científico, las autoridades subrayan que informar a la ciudadanía sobre esta cuestión está previsto en la normativa vigente. Representantes del sector sanitario señalan que este tipo de requisitos puede generar reacciones diversas entre los especialistas.
