
La cadena hotelera Paradores de Turismo de España ha informado que no dispone de ningún documento relacionado con la estancia del exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Parador de Teruel en septiembre de 2020. La razón es el vencimiento del plazo legal para la conservación de los registros de huéspedes. En respuesta a una solicitud oficial a través del Portal de Transparencia, la compañía subrayó que, según la normativa vigente, toda la información sobre clientes se elimina tres años después de terminado el servicio.
Desde Paradores precisaron que no pueden facilitar información sobre ninguna de las habitaciones reservadas en esas fechas. Como justificación, citaron la legislación española que regula la gestión de los libros de registro y el almacenamiento de datos de los clientes hoteleros. En particular, mencionan la orden INT/1922/2003 y el real decreto 933/2021, que establecen los plazos y el procedimiento para la conservación de estos datos.
Posición oficial
La empresa señaló que la estancia de Ábalos en Teruel sí tuvo lugar en septiembre de 2020, pero que, transcurridos tres años, toda la documentación relacionada con esa visita fue eliminada conforme a la ley. Paradores recalcó que no cuenta con información concreta sobre reservas ni clientes correspondientes a ese periodo.
En la respuesta también se indica que la empresa no supervisa las actividades de los huéspedes en sus habitaciones ni se interesa por su filiación política. Paradores aseguró que no se registraron daños en la propiedad ni quejas relacionadas con la estancia de Ábalos u otras personas durante esos días. Se informa que no fue necesario asumir gastos por reparaciones y que no se recibieron reclamaciones.
Investigación y detalles de la visita
Según la investigación realizada por la Guardia Civil, Ábalos efectivamente se alojó en el Parador de Teruel los días 15 y 16 de septiembre de 2020. Su visita coincidió con un viaje oficial para inspeccionar las obras del corredor ferroviario entre Teruel y Valencia. Durante ese periodo, en España estaban vigentes restricciones de movilidad debido a la pandemia.
Los investigadores determinaron que Koldo García compró billetes de tren por un total de 490,25 euros para que Ábalos pudiera celebrar «reuniones personales». Según testigos y empleados del hotel, durante esos días en el Parador de Teruel supuestamente ocurrieron hechos que provocaron quejas por daños en las habitaciones y la presencia de mujeres identificadas como prostitutas. Sin embargo, el director del establecimiento aseguró que la estancia del ministro transcurrió con normalidad y sin ningún incidente ni alteración.
Testigos y contradicciones
Esa misma noche en el Parador de Teruel se alojó Pilar Alegría, quien en aquel entonces ocupaba el cargo de delegada del Gobierno en Aragón y posteriormente fue ministra de Educación. Estaba en el hotel junto a colegas y negó tajantemente los rumores sobre fiestas o alteraciones del orden, asegurando que no observó nada sospechoso.
En la documentación del caso se señala que los detalles de la estancia de Ábalos y los hechos relacionados han sido considerados por el tribunal como “información sensible” y se han separado en un procedimiento independiente. La investigación también analiza operaciones financieras realizadas en efectivo durante ese periodo. Según algunos datos, se trata de cuantías elevadas pagadas por servicios de mujeres, aunque la investigación se centra principalmente en confirmar la estancia y el pago del viaje por parte del entorno del exministro.
Acceso a la información
La solicitud enviada a través del Portal de Transparencia incluía preguntas sobre una posible fiesta en el Parador de Teruel en septiembre de 2020, el número de huéspedes en las habitaciones, la existencia de quejas por daños y el conocimiento de los hechos por parte de la dirección del Partido Socialista. Paradores ofreció un acceso parcial a la información, limitándose a los datos que no habían sido destruidos tras expirar el periodo de conservación.
La empresa explicó que toda la documentación de los clientes se limita a la reserva, el contrato de alojamiento y la factura. En el caso de la estancia de Ábalos, estos documentos ya no existen. Paradores recordó que la decisión de denegar la información puede ser recurrida ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, o ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.












