Un nuevo análisis de los sistemas fiscales de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha puesto de manifiesto una enorme brecha en los enfoques de tributación. Los datos del año pasado demuestran que la proporción de la recaudación fiscal respecto al Producto Interior Bruto (PIB) varía drásticamente de un país a otro, reflejando profundas diferencias en los modelos económicos y prioridades sociales.
En la cima de este ranking se encuentran países tradicionalmente asociados con una sólida protección social. Francia, Dinamarca e Italia han reafirmado su estatus como Estados con altos niveles impositivos, donde la recaudación supera el impresionante umbral del 40% del PIB. Los impuestos sobre la renta de las personas físicas, las ganancias corporativas y las plusvalías son las principales fuentes de ingresos, aunque también desempeñan un papel clave las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos indirectos sobre bienes y servicios, como el IVA. Este modelo permite financiar una amplia red de servicios públicos, que incluye sanidad universal, educación y prestaciones sociales.
España ocupa una posición sólida dentro del grupo de países con una carga fiscal media y alta. Esta posición refleja su intento de equilibrar los principios del Estado de bienestar europeo con la necesidad de mantener la competitividad económica. Una parte significativa de los ingresos públicos proviene del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones sociales obligatorias, lo que subraya el peso del sector público. Los impuestos al consumo también contribuyen de forma notable al conjunto de los recursos, algo habitual en muchas economías avanzadas de Europa. La posición de España indica que el país se sitúa en un punto intermedio entre el modelo escandinavo y enfoques más liberales.
En el extremo opuesto se encuentran los países donde la presión fiscal es considerablemente menor. México y Japón son ejemplos destacados, ya que la recaudación fiscal no alcanza ni siquiera el 15% del PIB. A este grupo pertenecen también Chile, Irlanda, Colombia, Turquía y Costa Rica, donde los ingresos tributarios se mantienen por debajo del 25%. Esta política suele estar orientada a incentivar la inversión privada y la actividad empresarial mediante una menor carga fiscal. No obstante, la contrapartida suele ser una financiación limitada de los servicios públicos, lo que afecta la calidad de la infraestructura, el acceso a la sanidad y el nivel de protección social de la población.
De este modo, los datos más recientes de la OCDE no solo son cifras frías, sino que reflejan el debate global sobre el papel del Estado en la economía. La diversidad de enfoques demuestra que no existe una única fórmula para el éxito, y cada país busca su propio equilibrio entre crecimiento económico e igualdad social.
