El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la compra de un edificio residencial en la calle de la Diputació, 161, en el barrio del Eixample. El edificio cuenta con 14 pisos, de los cuales 13 están actualmente vacíos y uno está alquilado bajo un contrato antiguo. Todas las viviendas libres se destinarán a personas que esperan una vivienda protegida (VPO) en la capital catalana. El importe total de la operación asciende a 6,1 millones de euros: 4,6 millones por el inmueble y otros 1,5 millones para su acondicionamiento.
El anuncio fue realizado por el cuarto teniente de alcalde y responsable de Vivienda, Jordi Valls, durante la sesión del consejo municipal. El motivo fue la controversia sobre la distribución de fondos estatales entre regiones y ciudades: los socialistas propusieron reclamar al Gobierno de España y a la Generalitat la asignación de fondos específicos para los municipios que priorizan la adquisición de inmuebles por derecho de tanteo y retracto. Finalmente, el consejo aprobó la iniciativa por un solo voto de diferencia, gracias al voto decisivo de la alcaldesa. El grupo Junts se abstuvo, mientras que el resto de los concejales quedaron empatados en la votación.
En virtud de la decisión adoptada, Barcelona tiene previsto utilizar los futuros fondos estatales para ampliar el parque de viviendas municipal mediante la compra de edificios completos, así como estudiar fórmulas de colaboración con proveedores de vivienda social. Según Jordi Valls, la política de “tanteo y retracto” se ha convertido en una herramienta estratégica para la ciudad: permite incrementar la oferta de vivienda asequible en barrios con déficit, como el Eixample, Gràcia y Ciutat Vella. Valls subrayó que para combatir eficazmente la gentrificación y la especulación se necesitan más recursos no solo a nivel municipal, sino también regional y europeo.
La cuestión de la distribución de competencias y financiación entre los distintos niveles de gobierno en Cataluña sigue siendo delicada. Se han dado disputas similares en otros ámbitos, por ejemplo, en el caso de la citación del exdirigente regional Jordi Pujol a Madrid para una evaluación médica, un asunto analizado en detalle en el artículo sobre los conflictos judiciales entre Barcelona y las autoridades centrales.
