El Tribunal Supremo de España ha anunciado su intención de llevar a juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. El motivo son las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos para el suministro de mascarillas durante el apogeo de la pandemia de COVID-19.
Según la investigación, el grupo formado por altos cargos y empresarios podría haber utilizado sus puestos para obtener beneficios personales. El tribunal sostiene que el exministro facilitó al empresario un acceso prioritario a contratos públicos, lo que permitió a este último obtener importantes ganancias. A cambio, presuntamente, los funcionarios recibieron pagos ilegales.
Durante la investigación se descubrió que la trama se organizó a través de personas cercanas, incluido el hermano del empresario, quien trabajaba en el Ministerio de Transportes. Según los investigadores, fue a través de él como se establecieron los contactos necesarios y se coordinaban las acciones entre los implicados. Los documentos del caso señalan que ya en 2019 los involucrados realizaron un viaje juntos a México, donde probablemente surgió la idea de aprovechar los contactos oficiales para enriquecerse.
El juez dividió la investigación en dos partes: una se refiere directamente a la compra de suministros médicos y la otra, a posibles irregularidades en contratos estatales de construcción. La segunda parte del caso aún se encuentra en una etapa inicial, pero los casos relacionados con la pandemia ya están cerca de llegar a juicio. Según el tribunal, las pruebas reunidas son suficientes para iniciar el proceso judicial.
Los cargos incluyen corrupción, pertenencia a una organización criminal, abuso de poder y malversación de fondos públicos. Si se demuestra la culpabilidad, los implicados podrían enfrentar largas penas de prisión. El caso ha generado una gran repercusión pública, ya que se trata de delitos cometidos durante una fase crítica de la pandemia, cuando el país necesitaba una respuesta ágil y transparente por parte de las instituciones estatales.
